"Su sociedad está condenada", Ayn Rand

"Cuando advierta que para producir usted necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces usted podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad esta condenada"

Ayn Rand, 1950. Rand (1905-1982). Filósofa Ruso-Estadounidense

sábado, 28 de mayo de 2011

AFIRMAN QUE PDVSA ES UNA ESTATAL QUE DEBE GOZAR DE "INMUNIDAD"

El ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, volvió a cuestionar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Pdvsa por sus relaciones con Irán, afirmando que Petróleos de Venezuela "es una empresa estatal que tiene que gozar de inmunidad, que no puede ser objeto de ninguna sanción".

Asimismo, Ramírez reiteró que las sanciones de Washington no tienen ninguna razón legal y son desproporcionadas. Defendió las relaciones comerciales que mantiene con China y con Irán.

Afirmó que Estados Unidos trató de propinarle un golpe a Venezuela al aplicar sanciones por negociar con Irán, pero desestimó el impacto de la medida afirmando que Washington olvidó que su influencia se redujo con los años.

Las sanciones "no nos hacen daño, no porque el imperialismo quiera que no nos haga daño, sino porque nosotros hemos trabajado para que no nos hagan daño, nosotros hemos trabajado para no depender de ellos'', dijo Ramírez.

El funcionario descartó que las sanciones fuesen sólo una advertencia. "No, ellos nos tiraron duro. Nos tiraron el tema del financiamiento, nos tiraron a sus contratos de apoyo tecnológico, sólo que el presidente Chávez tiene años instruyéndonos a nosotros y así lo hemos hecho de no depender del financiamiento norteamericano''.

Ramírez, en una videoconferencia desde la sede de Pdvsa La Campiña para todas las sedes de la industria, ofreció "un reconocimiento" a los directivos salientes de Pdvsa, y negó cualquier teoría de desestabilización en Pdvsa por el cambio en los directores internos.

viernes, 27 de mayo de 2011

RESERVAS INTERNACIONALES DE VENEZUELA SUBEN A $27.626 MILLONES

Las reservas internacionales de Venezuela aumentaron 751 millones de dólares en la última semana y se situaron en 27.626 millones, informó este viernes el Banco Central (BCV) en su portal web.

De ese total, 27.623 millones de dólares están depositados en el BCV y 3 millones en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), un mecanismo creado para contrarrestar riesgos mayores en la economía.

En 2010, las reservas internacionales de Venezuela cerraron en 30.332 millones de dólares, indicó AFP.

El gobierno venezolano estima que el nivel óptimo de reservas es de 30.000 millones de dólares y ha realizado traspasos a fondos especiales cuando superaron esa suma.

EX DIRECTIVOS DE BANCOS INTERVENIDOS SEGUIRÁN DETENIDOS

Ricardo Fernández Berrueco, Mario Dickinson Gutiérrez y todos los demás ex directivos de los bancos intervenidos desde 2009 que permanecen detenidos seguirán tras las rejas, aún cuando la Asamblea Nacional dejó sin efecto el delito por el cual estaban siendo procesados, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró que la decisión del legislativo es "contraria al deber del Estado de sancionar las conductas que atentan contra la economía".

La resolución la acaba de adoptar la Sala Constitucional, según comunicado difundido por la oficina de prensa del máximo juzgado. Sin embargo, en el sitio web del organismo rector del Poder Judicial el fallo no está siquiera anunciado.

En el dictamen que redactó la presidenta de la instancia, magistrada Luisa Estella Morales, se desaplicó el contenido del artículo 213 de la derogada Ley de Instituciones Financieras de 2010, en el cual no figura el delito de apropiación indebida de fondos, por el cual el Ministerio Público busca enjuiciar a los banqueros.

Asimismo afirmó que en el procesamiento de los ex directivos deberá seguirse aplicando el artículo 432 de la Ley General de Bancos de 2008, pese a que la misma fue derogada en diciembre en 2010 por la modificación que hizo el Parlamento; y para justificar su resolución la intérprete de la Carta Magna recordó que dicho instrumento era el que estaba vigente al momento de ocurridos los hechos.

El pronunciamiento del TSJ era muy esperado, pues la defensa de los señalados exigía que fueran puestos en libertad, visto que el delito por el cual se les está procesando ya no estaba vigente.

El presidente Hugo Chávez buscó resolver el entuerto reformando en marzo la ley, a través de la Ley Habilitante. Sin embargo, los representantes de los banqueros recordaron lo establecido en el artículo 24 de la Constitución: "Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena".

CRUDO VENEZOLANO SUBE A $100,70 POR BARRIL

El petróleo venezolano y sus productos derivados promediaron un precio de $100,70 por barril durante la semana del 23 al 27 de mayo, con lo que retoma una leve alza, de $1,58, después de tres semanas de descenso.

De acuerdo con el ministerio de Energía y Petróleo, los precios de los crudos tuvieron un comportamiento volátil, cerrando en promedio la mayoría de ellos al alza debido principalmente al descenso del dólar frente al euro y la preocupación por los suministros procedentes de algunos países del norte de África y Medio Oriente.

Durante el año 2011, la cesta petrolera venezolana promedia un valor de $96,39 por barril.

FEDECAMARAS HACE LLAMADO ENÉRGICO A RESPETAR LA PROPIEDAD PRIVADA

FEDECAMARAS como máxima organización del movimiento empresarial del país, en apego a sus principios, fundamentados en el ejercicio de las libertades, una vez más aboga por la defensa del derecho de propiedad en Venezuela. Así lo expresó el presidente del gremio Noel Álvarez, quien alertó que las recientes medidas del Ejecutivo Nacional violan el mencionado derecho, entre ellas: ocupación de 17 de empresas en Táchira, la Ley contra el desalojo de viviendas, amenazas de expropiaciones a cadenas de automercados, toma de estacionamientos, nuevas invasiones de fincas y el caso de los hoteles.

En tal sentido, el dirigente gremial dijo: “hacemos un enérgico llamado de atención como señal de protesta en torno a estos atropellos. No se puede utilizar como excusa situaciones de emergencia para acabar con el derecho de propiedad. Una vez más el Gobierno enfila sus baterías en el ánimo de conculcar libertades y acabar con la propiedad. Aquí reina la inseguridad jurídica y después nos preguntamos por qué no vienen inversores a nuestro país. Nada más alejado del camino de la prosperidad que la senda que han decidido seguir en su empeño por borrar de un plumazo los derechos consagrados en la Constitución”.

Agregó Álvarez que el problema habitacional no se resuelve decretando leyes que atenten en contra de la propiedad y a la larga perjudiquen al inquilino. “No se puede cubrir el déficit habitacional con viviendas ajenas. Mucho menos se puede solucionar interviniendo los desarrollos urbanísticos ya existentes. La seguridad jurídica es pieza indispensable si se desean cumplir las metas y trabajar conjuntamente con el sector empresarial, que quiere ser un aliado y aportar soluciones”.

Desde su punto de vista es fundamental pensar “no solo se trata de construir viviendas, sino contar con los servicios, escuelas, espacios de recreación, que favorezcan la calidad de vida de todos. Se requiere que las ciudades sean planificadas y darle una mejor calidad de vida a los venezolanos. Se necesita por parte del sector público la voluntad de dialogar, la asignación de recursos importantes, la producción de insumos para la construcción y un marco jurídico que genere confianza”.

Derecho Irrenunciable

“La propiedad es un derecho irrenunciable y estamos obligados a defenderlo. Nuestra Constitución Nacional en su Artículo 115 garantiza el derecho de propiedad, cuando dice que: toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

Reiteró que solo garantizando la propiedad privada, es posible generar riqueza y desarrollo. “El camino correcto no es la siembra del odio ni la violencia, sino el diálogo, la concertación y el respeto a las leyes. El mejor ejemplo de cómo la propiedad estimula el crecimiento económico sostenido y reduce la pobreza, está en aquellos países que han mantenido respeto a las libertades económicas y al derecho a la propiedad, estimulando su crecimiento económico. Hay apuntar a que todos seamos propietarios de algo, que busquemos transformar la propiedad en prosperidad y que seamos productivos”.

Prensa FEDECAMARAS/ 26 de mayo de 2011

PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL ESTADO LARA

Ante los actos vandálicos suscitados la madrugada de este jueves 26 de mayo la Cámara de Comercio del Estado Lara, exhorta a los organismos de seguridad del estado a que den con los responsables de estos hechos que van en detrimento del patrimonio e idiosincrasia larense. Resaltamos la importancia de éstos íconos para una ciudad respetuosa de la libertad de credos y que año a año profesa su fe mariana en la procesión más concurrida de América Latina.

Pasar por alto una agresión de esta magnitud -por demás carente de sentido-, contra bienes relevantes para la cultura del estado, es dar pie a que se destruyan otros espacios de interés histórico, artístico, plástico, arquitectónico, urbano, ecológico, científico, institucional y comercial con lo que el gremio de empresarios que mueven la economía del estado no están ni estarán de acuerdo.

Queremos volver a la ciudad apacible, transitable, en la que todos podían convivir y expresar sus opiniones sin temor a ser agredidos, invadidos, o amenazados. Reiteramos el llamado a las autoridades regionales y municipales para que ante tales actos unan esfuerzos, en pro de encontrar una solución en mesas de diálogo, donde se concreten acciones por el avance de un fin único: el desarrollo social, económico, y cultural de la tercera entidad más importante del país.

En esta encrucijada además de voluntad política, necesitamos ciudadanos dispuestos a dar su mejor esfuerzo porque avancemos en la misma dirección, la de una ciudad pacífica y habitable. Esperamos que reine el sentido común por parte de cada sector y que no se caiga en las provocaciones de aquellos que quieren arrebatar la bonanza de esta tierra de gracia.

Esperanzados en que esta petición llegue a todos los ciudadanos del estado Lara y active la lucidez y diálogo que tanta falta hace en estos tiempos.

Atentamente;

El Directorio

CÁMARA DE CARACAS EN DESACUERDO CON ARBITRARIA OCUPACIÓN DE 17 EMPRESAS DEL TÁCHIRA

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas tiene el deber de manifestar ante la opinión pública su total desacuerdo con los términos planteados y las consecuencias de lo establecido en la resolución 129 del 24 de mayo de 2011, emanada del Ministerio de Relaciones Interiores por la cual se resuelve “la ocupación temporal y plena administración de los bienes muebles e inmuebles, bienhechurías y lotes de terreno” pertenecientes a 17 empresas localizadas en el Estado Táchira.

Llama la atención que sea una resolución ministerial la que contradiga las garantías expropiatorias de rango constitucional que están previstas en el Art. 115: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

Todo parece indicar que estas decisiones son “medidas ablatorias reales” que conducen a la privación subrepticia de la propiedad y a la expropiación indirecta, pero que están igualmente alejadas del espíritu y propósito de la redacción constitucional.

Con la decisión del gobierno nacional nuevamente se violan derechos ciudadanos y se comete el error ético de intentar hacer un bien causando perjuicios a la sociedad. La suspensión de operaciones de 17 empresas derrumba cualquier esfuerzo productivo, provoca desempleo y conduce a mayor pobreza. Son precisamente este tipo de decisiones las que evitan la confianza social y eluden cualquier posibilidad de reactivación económica.

También es objeto de nuestra preocupación que siga la tendencia de hacer baladí la alusión al interés público. Lamentamos las trágicas consecuencias de la catástrofe por lluvias y nos hacemos solidarios con los seres humanos afectados. Pero consideramos que pudieron haberse evitado con una política de mantenimiento de la infraestructura y el reconocimiento que la descentralización de la acción pública es más eficaz. Los derrumbes actuales también responden a una equivocada política de asignación de recursos y al desconocimiento de capacidades y atribuciones de los gobiernos regionales.

Es inaceptable que el gobierno nacional disponga de bienes y activos privados, aludiendo a una corresponsabilidad que por lo visto permite la expoliación. Hubiese sido mejor, más eficiente y más decente contratar los servicios o llegar a un acuerdo de cooperación. La corresponsabilidad es compartir y responder por las decisiones que se toman como grupo social en el que estamos incluidos. Exige por lo tanto diálogo y capacidad para intentar construir soluciones consensuadas, evitando el uso y el abuso de la fuerza. Nadie puede ser corresponsable si es obligado o forzado, ni fue consultado o incluido en la prevención del daño.

Tampoco es aceptable que se le imponga a esas 17 empresas la carga de perder sus activos porque ellas utilizan vías de comunicación y sus maquinarias transitan por todas las troncales del Estado Táchira porque la obligación legal de esas empresas es contribuir con el bienestar público a través del pago oportuno de impuestos.

Este tipo de decisiones nos colocan en el trance siempre indeseado del uso abusivo de la autoridad frente a cualquier eventualidad que no sea fácilmente manejable. Bastaría simplemente con que esa “lógica de acción pública” trascienda para que cualquier funcionario civil o militar, sin que importe su rango, se sienta autorizado para ir a la arepera de la esquina, al abasto de la cuadra o a la carnicería del pueblo, y en lugar de solicitar colaboración y solidaridad social, decida ocuparlo temporalmente.

Eso está ocurriendo con la ocupación de los diez estacionamientos ubicados en la Av. Francisco Solano y los que la milicia tomó en oportunidades anteriores. Esa es precisamente la ruta hacia un caos social que mil veces hemos advertido nos va a conducir a la ruina de todos los venezolanos, sin importar a quién sigan, o en quién crean. Esa es la consecuencia de alejarnos de los derechos y garantías previstos en la Constitución.

Tampoco puede admitirse que la consecuencia de ser contratistas del Estado sean decisiones como éstas. Con ello el gobierno está enviando un mensaje claro y preciso que no contribuye a la confianza y ratifica que no convalida por las vías de hecho los derechos de propiedad, que tienen rango constitucional y que además son el derecho humano Nro. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad” es un imperativo categórico, inalienable, imprescriptible, innegociable, absoluto, y estatuido, por lo tanto, protegido por la autoridad y establecido en Convenios Internacionales. El remedio es igual de malo que la enfermedad.

La Cámara de Caracas, 26 de mayo de 2011

viernes, 20 de mayo de 2011

GARANTIZAN SUMINISTRO DE GASOLINA A TÁCHIRA

El jefe del Comando Regional Nº1, Franklin Márquez, instó a los tachirenses a no realizar compras nerviosas e innecesarias de combustible en la región, ya que el Plan de Contingencia arroja resultados positivos en la región, que está siendo afectada fuertemente por las recientes lluvias.

"Tenemos un movimiento de combustible que esta llegando a la zona. Mi llamado nuevamente es para el pueblo del Táchira, para que no se dejen llevar de voceros que no son los oficiales", dijo.

En declaraciones a Radio Nacional de Venezuela llamó a la comunidad a no hacerse eco de rumores sobre las fallas de combustible.

INDEPABIS APLICÓ CIERRES Y MULTAS A COMERCIOS EN GUARENAS

150 personas, entre funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (Indepabis) y la comunidad organizada, se desplegaron por el eje Guarenas-Guatire, estado Miranda, para inspeccionar y fiscalizar los diversos comercios de esta zona, con el objeto de evitar prácticas de acaparamiento y especulación en los productos de la canasta básica.

El presidente del Indepabis, Augusto Montiel, desde el centro comercial Oasis, ubicado en Guatire, dijo que fueron clausurados cinco establecimientos por estar incursos en irregularidades tales como remarcaje de precios, publicidad engañosa y por presentar condiciones de insalubridad en sus instalaciones. Además, se aplicaron alrededor de 25 multas a la misma cantidad de negocios, por el orden de las 5.500 unidades tributarias.

"Estamos fiscalizado una serie de centros de abastecimiento de alimentación, supermercados, distribuidores de aceite, harina, carne, panaderías, venta de materiales eléctricos, ferreterías, carnicerías, con el objeto de evitar prácticas de acaparamiento, usura y especulación y así garantizar a toda la población el acceso a los bienes y servicios", señaló Montiel.

Indicó que también se dio inicio a una investigación al centro comercial Unicasa, ubicado en Guarenas, debido a las constantes denuncias realizandas por los consumidores acerca del desvío de productos como la harina y el aceite a la economía informal por parte de establecimiento.

"El procediendo que viene realizando este supermercado es la entrega a través de una venta supuestamente regular a distribuidores asiáticos en los sectores de Guarena y Guatire y luego estos, los hacen llegar los paquetes de harina y aceite a la economía informal con un precio por encima de lo estipulado lo cual es ilegal", dijo Montiel a AVN.

Refirió que todos establecimientos están siendo fiscalizados por el Indepabis, ya que se ha constatado que esta práctica de entrega de aceites y de harina a estos comercios es constante.

"Esta actividad es ilegal, a través de este mecanismo pretenden evadir la fiscalización y las inspecciones por medio de la venta irregular de estos rubros", explicó montiel.

El procedimiento de fiscalización tambien se está realizando en todos los mataderos y distribuidores de carne, con la finalidad de evitar que algunas mafias de este sector juegen con el sustento de la población y sigan robando los ahorros de los consumidores con la venta de este rubro por enciama de los precios establecidos.

En realación al procedimiento realizado el pasado miércoles a la procesadora y distribuidora de alimentos Cargill señaló que el mismo continúa en marcha y se ha extendido a todas sus sucursalaes en el país, para garantizar el acceso de los productos elaborados por esta empresa a la población.

ALCASA ESPERA INVERSIÓN DEL GOBIERNO PARA MANTENER OPERATIVIDAD

Trabajadores, gerentes de las áreas productivas y sindicatos de CVG Alcasa continuaron hoy en asamblea para exigir al Gobierno que invierta en la empresa para avanzar hacia su recuperación y mantener la operatividad de la planta.

Solicitan además la instalación de una mesa de trabajo para atender las necesidades laborales. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Alcasa (Sintralcasa), José Gil, indicó a El Universal que están demandando la discusión del contrato colectivo, vencido desde hace un año y medio, así como la aplicación del tabulador y el pago del retroactivo de la alícuota de las utilidades, que suman 200 millones de bolívares.

Destacó que se mantendrán en asamblea diaria en todos los turnos hasta recibir respuesta de las autoridades. Tras una semana de que los trabajadores tomaron la presidencia de Alcasa, Gil indicó que han realizado un inventario de la materia prima. En el caso del fluoruro solo queda como para 28 días de operaciones.

Precisó que los trabajadores están en sus distintas áreas de trabajo. La protesta activa que mantienen no pretende paralizar las operaciones de la empresa.

En Alcasa no descartan radicalizar las protestas si no reciben respuesta del Gobierno. "En primer lugar el diálogo, para lograr un entendimiento, pero desde luego si no existe iremos radicalizando la protesta", dijo Gil.

GOBIERNO OFRECE AYUDA A PRODUCTORES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS

El vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Jaua, informó que el Gobierno Nacional realizará planes de recuperación para los agricultores, ganaderos y campesinos del estado Mérida que resultaron perjudicados por las intensas lluvias recientes que causaron pérdidas en diversos cultivos.

Durante un recorrido por las áreas afectadas de la entidad merideña, como parte del despliegue de la operación Vida Los Andes, un plan de ayuda humanitaria para la región andina, Jaua indicó que el Gobierno nacional está dispuesto a dar todo el apoyo que requieran las autoridades regionales que registran afectaciones por las lluvias, reseña Radio Nacional de Venezuela.

"Son importantes los daños que ha sufrido la vialidad del estado Mérida, por eso estamos aquí en nombre del Presidente Hugo Chávez, para darle todo el apoyo al gobierno regional. Es una situación que ya el Gobernador no puede abordar con sus propios recursos", enfatizó el vicepresidente.

Hasta la fecha, sólo una persona ha fallecido como consecuencia de los daños humanos ocasionados tras la continuidad de las precipitaciones.

Los municipios Pinto Salinas, Tovar, Zea y Rivas Dávila, han sido los más perjudicados producto de las lluvias presentadas en los último días, el gobernador Orellana, dijo que se está aprovechando al máximo las maquinarias dispuestas para solventar la situación generada en la entidad.

CAE DE NUEVO EL CRUDO VENEZOLANO Y CIERRA EN $99,12

Por tercera semana consecutiva el precio del petróleo venezolano baja, esta vez 88 centavos de dólar, para cerrar en 99,12 dólares por barril en la semana del 16 al 20 de mayo.

El promedio de precio para el año 2011 se ubica en 96,17 dólares por barril, según el ministerio de Energía y Petróleo. La incertidumbre sobre la buena marcha de la economía global afectó los precios de los mercados petroleros.

FEDECAMARAS ALERTA DE INSÓLITA APLICACIÓN DE RETROACTIVIDAD DE LEY A CASAS DE BOLSA

El presidente de FEDECAMARAS, Noel Álvarez, calificó como injustas las medidas penales en contra de los directivos de casa de bolsa, toda vez que se pretende aplicar la retroactividad de una ley y la declaración de ilegalidad de los Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC), instrumentos de uso común por la banca, el comercio y la industria, perfectamente reglamentados por el Banco Central de Venezuela.

“De acuerdo con el punto de vista del juez de control Robinson Vásquez Martínez, afirmó, que todos aquellos que compraron y vendieron TICC podrían ser inculpados, de aceptarse el exuberante criterio de su ilegalidad. Quiere decir que toda la banca, la industria, el comercio, el propio ministerio de finanzas (que declaró legales las operaciones a través de su consultoría jurídica) y el Banco Central de Venezuela, podrían ser objeto de sanciones penales”.

Explicó que “el principio de legalidad establece que no puede haber delito donde la ley no lo ha previsto. En este caso, se pretende desconocer este precepto. La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios vigente desde septiembre de 2005 y reformada en febrero de 2008, permitía expresamente en su artículo 9 las operaciones con títulos valores y excluía de responsabilidad penal dichas transacciones. Esa ley fue derogada el 17 de mayo de 2010, y ahora se pretende aplicar la nueva versión de manera retroactiva. ¿Cómo juzgar a las personas con una Ley que comenzó a regir con posterioridad al hecho que se le atribuye?”.

Álvarez sostuvo que “el propio BCV observaba las operaciones y las autorizaba y además las registraba en el denominado mercado secundario en el Sistema de Custodia Electrónica de Títulos (SICET). Así mismo, la Comisión Nacional de Valores monitoreaba y regulaba permanentemente tales transacciones”.

“En los últimos años se incorporaron al mercado de títulos miles y miles de pequeños y medianos inversionistas buscando mejores rendimientos para sus ahorros. Las empresas también estuvieron masivamente presentes en dicho mercado. El propio Presidente de la República instó a comprar títulos”, agregó.

De acuerdo al dirigente gremial, habían pasado cinco años de compra y venta de títulos valores en el mercado secundario, por lo cual llama la atención que después de todo ese tiempo los funcionarios del Estado decidan que tales operaciones que permitía la Ley, sumadas las resoluciones del BCV, los acuerdos cambiarios, la veeduría de la Comisión Nacional de Valores ahora resulten ilegales.

Asimismo, alertó Álvarez que “es preocupante que se haga una cacería de brujas y se lleguen a tomar también medidas en contra de pequeños y medianos empresarios quienes participaban en la compra de títulos valores para tener acceso al mercado secundario de divisas”.

sábado, 7 de mayo de 2011

BS 13.900 MILLLONES EN EJECUCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


Los 30.000 millones de bolívares necesarios para el financiamiento, este año, de la Gran Misión Vivienda Venezuela están completamente garantizados, destacó este viernes el vicepresidente para el área territorial, Rafael Ramírez.

De esos 30.000 millones de bolívares, un total de 13.900 millones están comprometidos y en ejecución actualmente, dijo el vicepresidente territorial.

"Ya eso está, es un dinero a la vista para la ejecución de las obras", sostuvo.

Indicó que otros Bs. 30.000 millones están siendo garantizados para la construcción de las 200.000 viviendas previstas para el año 2012.

La banca pública y privada, dijo, se integrarán al financiamiento de la misión habitacional, para lo cual dispondrá del fondo obligatorio de recursos para vivienda y de un incremento del porcentaje de la cartera hipotecaria de 10 a 12%, reseñó AVN.

Ramírez precisó que para este año ya están disponibles y aptas más de 2.800 hectáreas de terreno para construcción, de un total de 34.000 que se necesitan en los próximos 7 años para levantar las 2 millones de viviendas previstas como meta.

Señaló que el registro para la misión, que inicia este sábado, permitirá obtener información exacta del déficit habitacional actual y de la situación social y composición familiar de las personas que se inscriban.

PROHÍBEN A BODEGUEROS DE MERCAL VENDER PRODUCTOS POLAR

Bodegueros de la red Mercal de los Valles del Tuy denunciaron ser víctimas de amenazas por la venta de productos de otras marcas, en lugar de los producidos por las empresas socialistas.

Esta mañana acudieron al Ministerio de Alimentación para solicitar al titular de este despacho, Carlos Osorio, una explicación sobre esta medida que, según dicen, no se aplica a otras redes socialistas, como los Bicentenario.

Sostienen que los clientes no muestran preferencia por un determinado producto Mercal, simplemente buscan cubrir sus necesidades. "Hay productos que son tradicionales, no se puede cambiar de la noche a la mañana", señalaron a El Universal.

A nosotros no están amenazando con retirarnos los códigos porque estamos vendiendo otro productos. Productos Polar no podemos vender, sino puro Mercal y lo que nos abastecen no alcanza para la comunidad", expresó uno de los afectados.

Aseguran que la cantidad de los alimentos que le distribuyen son insuficientes. Manifiestan que no existe abastecimiento pleno. Los trabajadores de la red Mercal tipo II y bodegas denuncian además que le exigen el pago de contado la mercancía.

En vista de no recibir respuesta, decidieron acudir al Palacio de Miraflores para solicitar al presidente Hugo Chávez que interceda en la problemática que afecta no solo a Miranda, sino también a otras entidades del país.

PRECIO DEL CRUDO NACIONAL CERRÓ LA SEMANA EN 108,01 DÓLARES


El precio del petróleo de la cesta venezolana bajó 2,40 dólares en la semana que transcurrió del 2 al 6 de mayo, según el reporte del Ministerio de Energía y Petróleo.

En la semana la cotización del crudo nacional cerró en 108,01 dólares, mientras que la semana anterior había terminado en 110,41 dólares.

"Durante la presente semana los precios promedios de los principales crudos cerraron a la baja, debido principalmente al alto volumen de ventas de contratos de crudos ante la preocupación por la recuperación de la economía global, fuerte incremento en los invetantrios comerciales de crudo en los Estados Unidos, así como el fortalecimento del dólar frente a otras divisas2, señala la nota del ministerio de Energía y Petróleo.

VIVIENDA: UNA GRAN MISIÓN



El Gobierno nacional se prepara para una gran misión: solventar la falta de soluciones habitacionales para más de 2 millones de familias venezolanas. Y ha prometido construir 350 mil en un año, pese a que en 11 que lleva gobernando no ha podido ni siquiera llegar a 50 mil en promedio anual. Por ello, es fácil inferir no simplemente que le será cuesta arriba, sino que detrás de tanto optimismo se esconde algún otro propósito.

Eso me lleva a recordar aquella otra “gran misión” de alcanzar la soberanía agroalimentaria, la cual comenzó por un registro obligatorio de fundos agrícolas a los cuales se les dio calificativos obligatorios a fin de que pudieran acceder al crédito bancario. Todos querían tener el certificado de “Fundo productivo” o mejorables, pero sin darse cuenta estaban dando todos sus datos y esa base sirvió para otro proyecto: el rescate de tierras. Y se inició todo un proceso de “recuperación” de fincas, en su mayoría en plena producción y hoy venidas a menos.

¡Qué casualidad¡: la “Gran Misión Vivienda” también se inicia con un censo, con un registro obligatorio, no obstante la existencia de catastros y registros públicos donde se puede obtener esa misma información ¿Qué se busca? ¿Qué se pretende?

Apoyándome en la experiencia ocurrida en el medio rural, se me ocurre pensar que, a partir de los resultados de ese registro de inmuebles, tal vez surjan las figuras de “viviendas desocupadas”, “viviendas subutilizadas” y “viviendas sobre ocupadas”. Y esa será la base para iniciar el proceso de ocupación y expropiación de viviendas desocupadas o subutilizadas (caso de las viviendas vacacionales). Igualmente, podría surgir la figura de ocupación solidaria, mediante la cual se le “sugerirá” a quienes les sobre espacio en sus casas a que den albergue a otras familias, con lo cual la presión de viviendas será menor, independientemente del desmejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos. Me imagino los discursos y arengas diciendo que “no hacen falta tantas viviendas, porque en el país hay suficientes, y que lo que pasa es que han estado mal repartidas”, edulcoradas con toda una andanada de epítetos contra el capitalismo y mal poniendo ante el pueblo a quienes se han sacrificado para tener una vivienda decente y a donde recrearse.

Ojalá yo esté equivocado, pero es que veo esta “Misión” muy parecida a la de la tal soberanía agroalimentaria, cuyos resultados están a la vista. Porque eso de solventar el problema habitacional en este Gobierno se me parece mucho a aquel “Eje de desarrollo Orinoco Apure”, al “Oleoducto del Sur, que iba a llevar gas desde Güiria hasta Buenos Aires; al proyecto de “Saneamiento del río Guaire”, o al “Gran parque de La Carlota”. Todos llegaron a ninguna parte y todos empezaron con tanta alharaca como esta Misión de la vivienda, que, al igual que como ocurrió con aquel proyecto agrícola, le dejará al Gobierno una buena base de datos.

luismanuel.escalante@gmail.com

LA ÚLTIMA PUERTA DEL AHORRO


Uno de los tantos lados oscuros de la intervención del Gobierno a bancos y casas de bolsa es el haberle negado al inversor y a las instituciones intervenidas hacer efectivo libremente sus instrumentos denominados en dólares.

Hasta ahora, bancos, casas de bolsa y sus clientes, en vez de vender los bonos denominados en dólares contra pago en dólares, se han visto forzados a venderlos contra pago en bolívares a tasas de cambio oficial, lo cual les ha ocasionado ingentes pérdidas tanto a los entes financieros como a sus clientes.Todo indica que el Gobierno está pensando institucionalizar esta perniciosa práctica de obligar a las instituciones y a los particulares a vender los bonos denominados en dólares de la República y de PDVSA, contra pago en bolívares a precios por debajo del mercado.

El 29 de marzo el Banco Central de Venezuela, cumpliendo con un lineamiento (artículo 53) de la Ley de Instituciones del Sector Bancario que había pasado casi desapercibido por los analistas, remitió a las instituciones financieras una circular para ordenarles que entregaran antes del 30 de junio al ente emisor la custodia de "todos los bonos, en bolívares o dólares, emitidos o avalados por la República o empresas del Estado, en cartera propia o de terceros, fideicomisos y garantías".

El objetivo de esta transferencia sería el supuesto de "resguardar y proteger el dinero ahorrado y depositado por la gente en el sistema bancario". Algo que causó cierta suspicacia a los analistas, pues las entidades financieras en toda sociedad son los custodios naturales de este tipo de documentos, bien sean propios o de clientes.

Pero la suspicacia parece afianzarse con unas declaraciones del primer vicepresidente gerente del BCV, Eudomar Tovar, que develan el lado más oscuro de esta transferencia de bonos denominados en dólares al Banco Central: Que la custodia del ente emisor de estos instrumentos "impedirá la fuga de capitales".Preocupa que con esta medida el tenedor de bonos denominados en dólares, quedará a merced el Banco Central, ergo a lo que ordene Hugo Chávez. En adelante, nadie podrá retirar ni vender los bonos su propiedad sin la anuencia del Banco Central.

Lo más grave es que, debido a las políticas restrictivas del Gobierno, los bonos de la República y de PDVSA se habían convertido en prácticamente la única alternativa de inversión disponible al venezolano, la cual ofrecía una combinación razonable de rentabilidad y protección del valor real de los ahorros.Ahora, se le cierra la última de las puertas que le quedaba al ahorrista en Venezuela.

Veneconomía