La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas tiene el deber de manifestar ante la opinión pública su total desacuerdo con los términos planteados y las consecuencias de lo establecido en la resolución 129 del 24 de mayo de 2011, emanada del Ministerio de Relaciones Interiores por la cual se resuelve “la ocupación temporal y plena administración de los bienes muebles e inmuebles, bienhechurías y lotes de terreno” pertenecientes a 17 empresas localizadas en el Estado Táchira.
Llama la atención que sea una resolución ministerial la que contradiga las garantías expropiatorias de rango constitucional que están previstas en el Art. 115: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.
Todo parece indicar que estas decisiones son “medidas ablatorias reales” que conducen a la privación subrepticia de la propiedad y a la expropiación indirecta, pero que están igualmente alejadas del espíritu y propósito de la redacción constitucional.
Con la decisión del gobierno nacional nuevamente se violan derechos ciudadanos y se comete el error ético de intentar hacer un bien causando perjuicios a la sociedad. La suspensión de operaciones de 17 empresas derrumba cualquier esfuerzo productivo, provoca desempleo y conduce a mayor pobreza. Son precisamente este tipo de decisiones las que evitan la confianza social y eluden cualquier posibilidad de reactivación económica.
También es objeto de nuestra preocupación que siga la tendencia de hacer baladí la alusión al interés público. Lamentamos las trágicas consecuencias de la catástrofe por lluvias y nos hacemos solidarios con los seres humanos afectados. Pero consideramos que pudieron haberse evitado con una política de mantenimiento de la infraestructura y el reconocimiento que la descentralización de la acción pública es más eficaz. Los derrumbes actuales también responden a una equivocada política de asignación de recursos y al desconocimiento de capacidades y atribuciones de los gobiernos regionales.
Es inaceptable que el gobierno nacional disponga de bienes y activos privados, aludiendo a una corresponsabilidad que por lo visto permite la expoliación. Hubiese sido mejor, más eficiente y más decente contratar los servicios o llegar a un acuerdo de cooperación. La corresponsabilidad es compartir y responder por las decisiones que se toman como grupo social en el que estamos incluidos. Exige por lo tanto diálogo y capacidad para intentar construir soluciones consensuadas, evitando el uso y el abuso de la fuerza. Nadie puede ser corresponsable si es obligado o forzado, ni fue consultado o incluido en la prevención del daño.
Tampoco es aceptable que se le imponga a esas 17 empresas la carga de perder sus activos porque ellas utilizan vías de comunicación y sus maquinarias transitan por todas las troncales del Estado Táchira porque la obligación legal de esas empresas es contribuir con el bienestar público a través del pago oportuno de impuestos.
Este tipo de decisiones nos colocan en el trance siempre indeseado del uso abusivo de la autoridad frente a cualquier eventualidad que no sea fácilmente manejable. Bastaría simplemente con que esa “lógica de acción pública” trascienda para que cualquier funcionario civil o militar, sin que importe su rango, se sienta autorizado para ir a la arepera de la esquina, al abasto de la cuadra o a la carnicería del pueblo, y en lugar de solicitar colaboración y solidaridad social, decida ocuparlo temporalmente.
Eso está ocurriendo con la ocupación de los diez estacionamientos ubicados en la Av. Francisco Solano y los que la milicia tomó en oportunidades anteriores. Esa es precisamente la ruta hacia un caos social que mil veces hemos advertido nos va a conducir a la ruina de todos los venezolanos, sin importar a quién sigan, o en quién crean. Esa es la consecuencia de alejarnos de los derechos y garantías previstos en la Constitución.
Tampoco puede admitirse que la consecuencia de ser contratistas del Estado sean decisiones como éstas. Con ello el gobierno está enviando un mensaje claro y preciso que no contribuye a la confianza y ratifica que no convalida por las vías de hecho los derechos de propiedad, que tienen rango constitucional y que además son el derecho humano Nro. 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad” es un imperativo categórico, inalienable, imprescriptible, innegociable, absoluto, y estatuido, por lo tanto, protegido por la autoridad y establecido en Convenios Internacionales. El remedio es igual de malo que la enfermedad.
La Cámara de Caracas, 26 de mayo de 2011
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