Ricardo Fernández Berrueco, Mario Dickinson Gutiérrez y todos los demás ex directivos de los bancos intervenidos desde 2009 que permanecen detenidos seguirán tras las rejas, aún cuando la Asamblea Nacional dejó sin efecto el delito por el cual estaban siendo procesados, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró que la decisión del legislativo es "contraria al deber del Estado de sancionar las conductas que atentan contra la economía".
La resolución la acaba de adoptar la Sala Constitucional, según comunicado difundido por la oficina de prensa del máximo juzgado. Sin embargo, en el sitio web del organismo rector del Poder Judicial el fallo no está siquiera anunciado.
En el dictamen que redactó la presidenta de la instancia, magistrada Luisa Estella Morales, se desaplicó el contenido del artículo 213 de la derogada Ley de Instituciones Financieras de 2010, en el cual no figura el delito de apropiación indebida de fondos, por el cual el Ministerio Público busca enjuiciar a los banqueros.
Asimismo afirmó que en el procesamiento de los ex directivos deberá seguirse aplicando el artículo 432 de la Ley General de Bancos de 2008, pese a que la misma fue derogada en diciembre en 2010 por la modificación que hizo el Parlamento; y para justificar su resolución la intérprete de la Carta Magna recordó que dicho instrumento era el que estaba vigente al momento de ocurridos los hechos.
El pronunciamiento del TSJ era muy esperado, pues la defensa de los señalados exigía que fueran puestos en libertad, visto que el delito por el cual se les está procesando ya no estaba vigente.
El presidente Hugo Chávez buscó resolver el entuerto reformando en marzo la ley, a través de la Ley Habilitante. Sin embargo, los representantes de los banqueros recordaron lo establecido en el artículo 24 de la Constitución: "Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena".
Entradas
Comentarios