En febrero de 1989, cuando ocurrió el “Caracazo”, los venezolanos vivían desequilibrios económicos similares a los que se reflejan hoy, y con consecuencias parecidas.
Políticas aplicadas en el gobierno de Jaime Lusinchi -que terminó en diciembre del año anterior- como el control de cambio , las tasas duales, la regulación de precios y la expansión del gasto público , también estuvieron presentes en la gestión del presidente Hugo Chávez, y se mantienen actualmente en la gestión del primer mandatario Nicolás Maduro.
Las consecuencias económicas de aquel momento, como un alza mayor en los precios, desabastecimiento de algunos rubros, y una caída de las reservas internacionales, también se evidencian ahora.
Para enfrentar esa situación el presidente electo Carlos Andrés Pérez, decidió firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) apenas asumió el poder, lo que suponía una serie de medidas de ajuste que posteriormente pasaron a la historia como “el paquete económico”.
El sacudón social del 27 de febrero de 1989 se dio luego del alza en el precio de la gasolina ,materializado rápidamente en el aumento del transporte, justo antes de la quincena. Esto detonó el descontento y desató la ola de saqueos en Guatire y Guarenas, que se propagaría en toda Caracas y otras ciudades del país .
Del programa de ajuste que aplicaría CAP, ya había entrado en vigencia el aumento del combustible y, aunque se había eliminado el Régimen de Cambio Diferencial (Recadi)-10 de febrero de 1989-, todavía existía el control de cambio , que se levantó luego: el 13 de marzo de ese mismo año, después de los hechos del 27F.
Escenario previo
En los cinco años del gobierno de Jaime Lusinchi el alza acumulada de los precios alcanzó 170,6%; un porcentaje alto, pero por debajo de la inflación acumulada en los últimos cinco añosde la gestión actual, ubicada en 383,1%, según las cifras recogidas en los archivos del Banco Central de Venezuela (BCV).
En ambos casos, la política monetaria y fiscal jugó un papel importante que estimuló la demanda de bienes. Antes de los eventos del 27F, en el gobierno de Lusinchi, el gasto público pasó de crecer 1,8% a 4,6%, y la liquidez monetaria mostró crecimiento de 15%, según los anuarios del BCV.
Ahora el gasto público crece a ritmo de 37% anual, y la liquidez monetaria se expande a más de 60%, según los números del ente emisor. Pero a diferencia de aquella época, estas políticas suceden en un contexto de baja producción interna, que agrava de manera directa el alza de los precios, y el desabastecimiento.
De hecho, a finales del año 88, la exportación de otros rubros distintos al petróleo proporcionaba al Estado el 20,2% de los ingresos en divisas, según muestran los registros del BCV. Mientras que ahora, sólo el 3,7% de los dólares que ingresan al país por exportaciones viene por producción distinta a la petrolera.
En ambos momentos la medida de anclaje cambiario prolongado afectó la producción nacional y además provocó la merma en el ahorro en divisas del país.
“En el Gobierno del presidente Lusinchi, la filosofía económica fue mantener un tipo de cambio fijo, hasta hacerlo casi insostenible, e incluso tumbó las reservas internacionales”, indicó Luis Brusco, economista, y ex investigador del BCV.
“Tanto en aquel momento, como ahora, se ha intentado usar la tasa de cambio fija como un ancla antiinflacionaria. Pero hay una diferencia, en aquel momento era legal el mercado paralelo, y los importadores, comerciantes, empresarios, tenían una válvula de escape, que evitó una escasez mayor, como la de ahora”, agregó el académico.
La brecha es mayor
La economía padecía en ese momento del mismo fenómeno reflejado hoy, y conocido como la enfermedad holandesa. El tipo de cambio fijo hacía más atractivo importar que produciren Venezuela.
En efecto, según indica el documento “Trayectoria de la Política Cambiaria en Venezuela” publicado por la Vicepresidencia de Estudios del BCV, el año previo al 27F, aumentó la solicitud de dólares a tasa preferencial, elevando las presiones cambiarias.
“En 1988 se acrecentó la demanda por las divisas otorgadas a la tasa preferencial como consecuencia del amplio diferencial cambiario que reflejaba la percepción del mercado acerca del verdadero valor del tipo de cambio ”, se indica el documento.
“Los compromisos de otorgamiento de divisas a la tasa preferencial y el reconocimiento de la deuda externa privada, comprometieron severamente la posición de activos externos” se agrega.
Al mismo tiempo, la inflación subía a un ritmo más acelerado que la de los socios comerciales del país, un fenómeno que se repite actualmente, provocando un alza en las importaciones insostenible en el tiempo.
En efecto, para el profesor y ex presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Pedro Palma, la política cambiaria de Jaime Lusinchi, deterioró las reservas internacionales. Como ahora, existía un tipo de cambio dual, uno a Bs. 7,50 por dólar , para las importaciones más necesarias, y otro de Bs. 14,50 para el resto, que igual era considerado “barato”, en comparación a la cotización del “ dólar libre” (mercado alternativo o paralelo-legal) en donde el tipo de cambio oscilaba los 37 bolívares por dólar .
“El compromiso de entregar dólares a una tasa de cambio preferencial provocó que las reservas internacionales bajaran”, indicó el Palma.
Al igual que ahora, el control de cambio no logró parar ni la caída en los ahorros en dólares de la nación, ni tampoco la fuga de capitales en el país, explica el académico.
Esa situación provocó que la brecha entre el tipo de cambio oficial más alta, y la del mercado libre, se ubicara en 150%; mientras que ahora, razones económicas similares a las de la época del 27F, conllevaron a que ese diferencial ascienda a por lo menos 500%.
“Estamos en una situación parecida, pero las causas ahora son bastante mayores. El termómetro es la diferencia entre el tipo de cambio de mercado y el oficial, eso refleja todos los desequilibrios”, explicó Brusco.
En aquella época, un mercado alternativo sin restricciones evitó que la brecha aumentara, y que las reservas internacionales se deterioraran aún más. La posibilidad de negociar divisas legalmente subía la oferta de dólares en el país, y disminuía en parte la demanda que iba contra el ahorro en divisas.
Pero además, durante el Gobierno de Jaime Lusinchi, señaló Palma, no existía inseguridad jurídica y esto, según el economista, evitó que cayera la inversión privada. “A pesar de los controles de precios, la inversión continuaba fluyendo porque no había actitud hostil a la actividad privada, ni concentración del sector público”, dijo.
Una promesa incumplida
Pese a que en aquel 27F la inflación y la escasez no se ubicaban en los niveles de ahora, y que el programa de ajuste apenas comenzaba a aplicarse, el descontento social de las clases más desposeídas detonó.
Según explica Gustavo Márquez, ex presidente de Bancoex, ex ministro de Industrias y Comercio, y diputado en el 89 de la unificación de los partidos MAS-MIR, no sólo se trató de la situación económica, sino también del tema político.
“Carlos Andrés Pérez ganó la presidencia porque ofreció resolver los problemas del país, y atender a los sectores más desposeídos; trató de crear la ilusión de que iba a repetir la gran Venezuela de su primer gobierno, y ese espejismo electoral no se cumplió”, indica Márquez. “Inmediatamente después de su triunfo firmaron el programa de ajuste con el FMI. Y eso no le gustó a la gente”, agregó. Sin embargo, el economista también suma otros factores económicos que influyen en la ausencia de un fenómeno como el del 27F en el contexto actual.
“Lo que se vio en aquel momento fue a causa de la marginación de las grandes masas, de la crecida de la pobreza. Ahora eso se ha reducido”, señaló el economista.
Aunque en efecto la inflación aqueja más a los sectores de menores recursos, Márquez afirma que la diferencia de esta época con la anterior, está en los programas sociales: “El tema está en el uso de la renta petrolera, pues ahora se redistribuye mejor hacía las necesidades sociales.”
Pedro Palma también indica que las misiones sociales juegan un rol importante en cuánto a la conducta que hoy muestran los sectores de menos recursos, tanto por la vía de transferencias de dinero , como por la creación de Mercal o Pdval. Sin embargo, advierte que la inflación se siente en estos establecimientos de la red pública de alimentos. “Más de la mitad del indicador de inflación se calcula tomando en cuenta los precios de estos comercios”, señaló.
Pero para Luis Brusco, lo que impide un suceso como el del 89 va más allá. El académico señala que si bien la redistribución de las divisas no ha sido suficiente para mermar los focos de escasez y de inflación que también se sienten en estos comercios, el discurso político emprendido funciona para evadir la culpa del Ejecutivo.
“El gobierno ha mantenido el argumento de que la responsabilidad del alza de los precios, y del desabastecimiento no es del Gobierno. Eso no sucedía antes, lo que ocurría se relacionaba directamente como resultado de las políticas aplicadas”, dijo.
Pero para Gustavo Márquez, la explicación sólo puede darla la inversión social hecha en los últimos 15 años, la cual suma 623.000 millones de dólares.
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