La Confederación
Venezolana de Industriales (Conindustria) exhortó al gobierno a cumplir con lo
establecido en la Constitución y exigió la apertura de mecanismos para la
celebración inmediata de elecciones.
"Como
empresarios, pero sobre todo como ciudadanos, exigimos que se abran los
mecanismos para la celebración inmediata de elecciones para los cargos
de presidente de la República, gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional y
que éstos, a su vez, procedan –tal y como lo establece nuestra legislación- a
la designación de nuevos funcionarios públicos para el Tribunal Supremo de
Justicia, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General,
Contraloría Nacional y Banco Central de Venezuela", destacó un comunicado.
A través del escrito dirigido al país este miércoles,
Conindustria condenó el deterioro de la industria pública y privada, lo
que “se tradujo no solo en menos producción de bienes, sino también en pérdida
de empleos de calidad”.
“Se requiere del regreso a la institucionalidad, del respeto
pleno a la libertad de expresión, económica y libre iniciativa privada;
establecimiento de una economía de mercado que permita aumentar la producción y
el empleo; reconocimiento al mérito individual. Necesitamos un país de progreso
y bienestar para todos, para lo que hacen falta muchas empresas. Un país es tan
grande como sus industrias”.
A continuación el comunicado:
COMUNICADO
Luego de casi dos meses de protesta ciudadana como
reacción a la ruptura del hilo constitucional y al desconocimiento de la
autonomía y separación de los Poderes Públicos, lo que ha generado una
conmoción política en el país; y ante la profundización de la crisis económica
que empobrece cada vez más a la población, la Confederación de Industriales de
Venezuela, Conindustria, quiere hacer del conocimiento público nuestra
posición:
1. Nos preocupa profundamente la poca capacidad de producción
industrial en Venezuela, que es el resultado de un modelo económico fracasado
que se viene aplicando desde 2003, y sobre cuyos efectos hemos venido alertando
insistentemente sin lograr una respuesta positiva por parte de quienes conducen
la política económica del país. Este modelo económico fracasado –caracterizado
por controles de precios y de cambio, expropiaciones y confiscaciones de
empresas, así como fiscalizaciones excesivas- provocó una caída de 32% de la
producción industrial entre 2012 y 2016, lo que se ha traducido en escasez de
alimentos y bebidas, medicamentos, productos de higiene personal y del hogar,
vehículos y repuestos automotrices, ropa y calzados, artículos de oficina y de
uso escolar, entre muchos otros; así como una inflación de 700% en 2016 y de
6.925% entre 2012 y 2016, según análisis y proyecciones de expertos en materia económica.
2. Este proceso de destrucción de la industria venezolana hizo
que pasáramos de 12.000 empresas en 2008 a unas 4.000 en la actualidad, lo que
generó que nuestra economía dependiera casi exclusivamente de los ingresos por
concepto de la renta petrolera y el abastecimiento de bienes se materializara a
través de importaciones masivas que, hoy en día con los actuales precios del
petróleo, no son posibles.
3. El resultado del deterioro de la industria, tanto la privada
como la del Estado (incluyendo la petrolera), se tradujo no sólo en menos
producción de bienes, sino también en pérdida de empleos de calidad, y
empobrecimiento general de la población, al punto que hoy en día hay ciudadanos
que solo comen una vez al día.
4. Todo esto es producto de la imposición de un modelo económico
equivocado y del desconocimiento de los principios establecidos en la
Constitución. Nuestra Carta Magna consagra que el Estado, junto con la
iniciativa privada, promoverán el desarrollo armónico de la economía (artículo
299), pero se ha demolido la iniciativa privada; establece que el Estado no
gastará más de lo que le ingrese (artículo 312), pero ha gastado y derrochado
mucho más; establece el derecho al trabajo (preámbulo) pero ha cerrado fuentes
de empleo; establece el derecho a la libertad (artículo 1), pero conculca los
derechos de los trabajadores públicos; establece pluralismo político (artículo
2), pero persigue a la disidencia; establece el respeto por los derechos
humanos (preámbulo), pero reprime con tácticas de guerra; establece el derecho
a la propiedad (artículo 115), pero expolia bienes.
5. En consecuencia, exigimos que el gobierno cumpla cabalmente
con lo establecido en la Constitución nacional vigente y no intente
reemplazarla. La sola e innecesaria discusión pública de una Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) desvía el foco de los problemas reales que enfrenta el
país, que son la falta de producción, la inseguridad personal y jurídica, así
como la obstrucción de los mecanismos para la sustitución de los funcionarios
públicos y la vigencia plena de la democracia. En esta exigencia nos unimos a
lo manifestado por las iglesias, los estudiantes, los trabajadores, las
academias, los colegios profesionales y millones de ciudadanos que se
manifiestan públicamente por cuenta propia.
6. Aplaudimos la manifestación pública de la Fiscalía General de
la República en contra de la celebración de una Asamblea Nacional
Constituyente, mostrando esta institución la autonomía e independencia que los
ciudadanos insistentemente le hemos reclamado.
7. Por otra parte, consideramos imperativo condenar la represión
salvaje que ha utilizado el Ejecutivo nacional, mediante la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), recurriendo a
tácticas de guerra en contra de una población cuyas únicas armas son sus
valores democráticos y su convicción. Casi dos meses de protestas ciudadanas
demuestran la ausencia del mecanismo electoral como herramienta esencial para
dirimir conflictos. Casi dos meses de protestas ciudadanas demuestran que los
venezolanos no están dispuestos a la sumisión y que, por el contrario, serán
protagonistas de su futuro, un futuro construido sobre la base de consensos.
8. Como empresarios, pero sobre todo como ciudadanos, exigimos
que se abran los mecanismos para la celebración inmediata de elecciones para
los cargos de: presidente de la República, gobernadores, alcaldes, Asamblea
Nacional y que éstos, a su vez, procedan –tal y como lo establece nuestra
legislación- a la designación de nuevos funcionarios públicos para el Tribunal
Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo,
Fiscalía General, Contraloría Nacional y Banco Central de Venezuela.
El país necesita con urgencia un cambio. Se requiere del regreso
a la institucionalidad, del respeto pleno a la libertad de expresión, económica
y libre iniciativa privada; establecimiento de una economía de mercado que
permita aumentar la producción y el empleo; reconocimiento al mérito
individual. Necesitamos un país de progreso y bienestar para todos, para lo que
hacen falta muchas empresas. Un país es tan grande como sus industrias.
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