No podía ser de otra
manera. La reacción de la corporación General Motors, tras el embargo
ilegal de su planta el martes por la tarde, no podía ser sino anunciar el
inmediato cierre de sus operaciones industriales en Venezuela.
Por lo pronto, ayer
tarde General Motors Venezolana entregó un comunicado que informa de la
decisión y arroja luces sobre lo que viene en lo inmediato: cese inmediato de
sus operaciones en el país, la liquidación a la totalidad de los trabajadores
de acuerdo a la regulación laboral venezolana y la garantía de servicio y
repuestos para el parque Chevrolet circulando en el país.
En un comunicado ayer
tarde la empresa se dirigió a su personal y a la opinión pública:
“Fundada en 1948,
General Motors Venezolana (GMV), la ensambladora de mayor tradición y
antigüedad en el país, líder del mercado por más de 35 años consecutivos,
se ve forzada a cesar sus operaciones en Venezuela como consecuencia de un
embargo judicial totalmente ilegal.
El día de ayer
(martes), la planta de la empresa fue sorpresivamente tomada por las
autoridades públicas, quienes asumieron el control de la misma, impidiendo el
desarrollo de las actividades. Adicionalmente, otros activos de la
empresa, como vehículos, fueron sustraídos ilegalmente de sus instalaciones.
El embargo fue
dictado en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso,
causando un daño irreparable a la compañía, a sus 2.678 trabajadores, a sus 79
concesionarios que representan la red de servicio más grande del país con más
de 3.900 trabajadores y, a sus proveedores que representan más del 55% de la
industria de autopartes en Venezuela.
Por lo anterior,
General Motors Venezolana anuncia el cese inmediato de sus operaciones en el
país, y asegura (en la medida que las autoridades lo permitan) el total
cumplimiento de las obligaciones legales asociadas a la finalización de la
relación laboral con sus trabajadores, debido a causa ajena a la voluntad de
las partes.
GMV rechaza
contundentemente esta arbitraria medida (el embargo amplio) y ejercerá
vigorosamente todas las acciones legales dentro y fuera de Venezuela en contra
de la misma.
La Compañía confía en
que en el tiempo prevalecerá la justicia y regresará para continuar liderando
el mercado venezolano. Mientras tanto, GMV a través de sus concesionarios
continuará brindando servicios de posventa y repuestos para todos sus
clientes”.
Como informamos ayer,
el martes por la tarde sorpresivamente la planta de GMV en la Zona Industrial
de Valencia, la más importante ensambladora de la Región Andina, fue tomada por
la fuerza pública por un dictamen del Juzgado Tercero de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado
Zulia. La polémica decisión judicial está relacionada con el caso de un
concesionario al que GMV no le renovó el contrato de distribución en el año
2000… ¡hace 17 años!
En su momento el
expediente del concesionario Centro Mercantil en el Zulia estuvo bajo
observación por el cúmulo de manipulaciones para presionar en extremo a General
Motors Venezolana, incluyendo medidas extremas contra varios de sus principales
directivos. Repetimos: fue hace 17 años…
Pero ahora, y lo
dejamos a la imaginación de nuestros lectores conocedores de la actual realidad
política y judicial venezolana, se decidió un embargo amplio por un total de
476 millardos de bolívares en activos…
En su primer
comunicado, el martes, tras la ocupación de la planta, General Motors
Venezolana enfatizó en que “el embargo es improcedente, absurdo, fuera de la
lógica jurídica y del debido proceso”. Y agregó que “está tomando
todas las medidas legales a su alcance”.
Ayer tarde la empresa
comunicó su cese inmediato de operaciones, la liquidación de todo su personal
(2.678 trabajadores) y rechazó contundentemente la arbitraria medida del
embargo amplio, afirmando que “ejercerá vigorosamente todas las acciones
legales dentro y fuera de Venezuela en contra de la misma”.
Es oportuno recordar
que en los últimos años, por diversas causas, han cesado sus operaciones
industriales en Venezuela importantes automotrices, entre ellas Fiat, Renault,
Honda, Hyundai, Mitsubishi y Fuso. Y sus plantas privadas que ensamblan
vehículos de las marcas Ford, Jeep, Dodge, Toyota, Iveco y Mack están
paralizadas porque el régimen no honra una deuda superior a los 3.700 millones
de dólares con las ensambladoras y autopartistas y les impide las divisas para
la importación de material productivo y repuestos.
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