El Consejo
Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) considera que la hiperinflación,
la inseguridad y el desempleo son tan perniciosos individualmente que, unidos,
constituyen el gran reto venezolano a ser
contrarrestado con urgencia por el Gobierno, la oposición, los
empresarios, el sindicalismo y la propia sociedad civil organizada.
La dirigencia
empresarial sectorial le atribuye a dicha combinación la relación que provocó
los resultados del 2016 con una inflación extraoficial superior al 700%, más de
28.000 venezolanos fallecidos por la expansión de la violencia y una tasa de
desempleo que pudiera estar sobre el 12%, de la fuerza laboral en condiciones
productivas. Todo sin olvidar el sostenimiento recesivo de la economía y que se
traduce en el peor de los escenarios: una situación de verdadera estanflación.
En el caso del
Comercio y los Servicios, por su parte, la caída de las ventas el año pasado aún
no ha sido cuantificada, porque cada área de trabajo y ubicación regional de
las empresas tiene sus propias características. Pero lo cierto es que ello
obedeció precisamente al comportamiento inflacionario, la incidencia de la
inseguridad y la destrucción de los ingresos familiares. Bien por la propia
inflación, como por la inexplicable modalidad con la que se ha tratado de
introducir el nuevo cono monetario al sistema transaccional, además de la
desaparición de fuentes de trabajo formales y el incremento desenfrenado de la
informalización.
Ante ese
panorama, preocupa sobremanera la forma como el responsable de atacar las
causas de esos graves problemas, el Gobierno, insiste en no actuar acorde con
lo que le exige dicha realidad. La subestima, la trata de minimizar y, a la
vez, propicia situaciones que tienden a fortalecerla.
Para Consecomercio,
decisiones como la apertura de casas de cambio en la frontera para
supuestamente propiciar modificaciones en la paridad cambiaria, no favorecerán
el comercio fronterizo, ni contribuirán a recuperar las condiciones de vida de
la población local.
Es un recurso
aislado para mantener el control de cambio y justificar su rigidez, a la vez que
favorece la centralización administrativa del rentismo petrolero y la exclusión
del sector productivo privado, indistintamente de su área: agrícola, pecuaria,
industria, comercio y servicios.
En cuanto al
cambio del Gabinete Económico y de la presidencia del Banco Central de
Venezuela, lucen más como medidas con fines ideológicos y estratégicos para decisiones
atadas al avance de la estatización de la economía, antes que a la urgente
necesidad de fortalecer la producción nacional, generar empleos y liberar a los consumidores de la obligación de
seguir haciendo colas para adquirir bienes.
Con el
abastecimiento de bienes importados, principalmente alimentos, se ha tratado de
hacer caer la inflación y de evitar precisamente las colas. Pero los altos precios
de los productos son calificados por los propios consumidores de bachaquerismo
industrial, y de componente destructivo de la producción nacional, como de la
distribución comercial formal.
Consecomercio
insiste en que hay que atacar las causas del evidente colapso que exhibe la
economía nacional, y cuyas consecuencias están reflejadas en un proceso
inflacionario que lo estimula el desorden fiscal y monetario del país, la caída
de la producción y de la productividad, la progresiva desaparición de pequeñas
y medianas empresas, como la inevitable expansión de la violencia.
Esa respuesta
nacional, desde luego, incluye la urgencia de superar la inmodificable
situación de inestabilidad política a que sigue sometido el país, la
recurrencia gubernamental a un discurso que anula la confianza en la economía
nacional y ahuyenta toda posibilidad de nuevas inversiones privadas nacionales
e internacionales.
Es el reto que
se le plantea al Gobierno, la oposición política, los empresarios, al sindicalismo
y a la sociedad civil organizada: revertir esta difícil situación. No ocuparse
de hacerlo, equivale a someter a toda la población a un inevitable agravamiento
del cuadro inflacionario y de empobrecimiento colectivo, de inseguridad y de
imposibilidad de recuperar vivir en un ambiente de paz. Vencer, sin embargo,
implica disponer de libertades plenas; no de más restricciones ciudadanas.
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