Durante la cobertura de varias protestas registradas en el centro de
Caracas este jueves 2 de junio, al menos 14 trabajadores de la prensa entre
periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron amenazados, robados y en otros
casos golpeados por grupos civiles armados, ante la pasividad y en otros casos
acción cómplice de los cuerpos de seguridad.
Rechazamos de forma categórica la criminalización a la que está sometida
la prensa venezolana al ser hostigada, amenazada e intimidada de manera
reiterada por grupos armados mientras realizan coberturas de calle. Esta serie
de hechos se inscribe dentro de un patrón estatal que, encarnado en
funcionarios policiales militares, y autoridades públicas, insulta, amenaza y
agrede a periodistas y ciudadanos que registran información en su legítimo
derecho a la libertad de expresión, al trabajo y a la seguridad personal.
Solo entre enero y mayo de 2016, Espacio Público registró 40 casos de
intimidación, entre impedimento de cobertura, confiscación de equipos y
material, detenciones arbitrarias y 19 casos de agresiones contra
trabajadores de la prensa. Situación que es alentada por un discurso hostil
desde el alto gobierno, y por la impunidad asociada a la falta de investigación
de los hechos violentos denunciados.
Ante las obligaciones ineludibles del Estado en garantizar los derechos
y la libertades de todos los venezolanos, sin excepción, exigimos:
Que el Ministerio Público adelante las investigaciones correspondientes
de los hechos ocurridos y sanciones a los responsables, sean funcionarios
públicos o civiles, en el marco de las garantías constitucionales. Estas
investigaciones deben conducir a establecer las responsabilidades de manera
conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.
Que en el marco de sus obligaciones el Estado en sus distintas
instancias garantice la búsqueda y registro de información tanto de periodistas
como de infociudadanos a fin de respetar y preservar el derecho humano a la
libertad de expresión de todos los venezolanos.
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