"Su sociedad está condenada", Ayn Rand

"Cuando advierta que para producir usted necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces usted podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad esta condenada"

Ayn Rand, 1950. Rand (1905-1982). Filósofa Ruso-Estadounidense

sábado, 28 de mayo de 2016

CONSECOMERCIO: DE CREER EN LA EXISTENCIA DE UNA EMERGENCIA ECONÓMICA, EL GOBIERNO ESTARÍA ACTUANDO CONTRA SUS CAUSAS

Para las Cámaras de Comercio y las Asociaciones mixtas de Comercio y Producción afiliadas al Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) en todo el país, el contenido del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica demuestra que el Gobierno no cree en la llamada Emergencia Económica, porque, de hacerlo, se estaría ocupando de atacar sus causas, indistintamente del costo político que le implicaría asumir semejante acto de seria responsabilidad gubernamental.

El máximo organismo gremial del sector terciario y sus afiliados considera que  al Ejecutivo le basta con crear sus Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y condenar a 30 millones de consumidores a sobrevivir en una economía de guerra, sin que el país, afortunadamente, haya pasado –o esté pasando- por una guerra.

La unidad del empresariado.-
El empresariado formal y organizado del país, representado en Fedecámaras y los Consejos sectoriales, como son Conindustria, Fedeagro, Fedenaga, Conseturismo, además de los organismos gremiales del emprendimiento inmobiliario y la construcción, entre otros, ya han expuesto sus puntos de vista sobre el citado Decreto. Sus opiniones son coincidentes. Es decir, nada garantiza que a la vuelta de los venideros sesenta días, la economía venezolana habrá superado uno solo de sus obstáculos, ni la empresa privada estará en mejores condiciones para producir y servirle a los venezolanos.

Consecomercio se suma a esas opiniones empresariales, las cuales se pueden compendiar en dos razonamientos generales: el contenido de dicho Decreto no refleja lo que el país necesita para superar todas y cada una de las crisis que vive actualmente: económica, social, política, cultural y moral. Y, adicionalmente, erosiona, aún más,  las necesarias condiciones de convivencia institucional de las que depende la Nación para, precisamente, atacar las causas de esas crisis apelándose a las opciones y derechos que garantiza la vigente Constitución, en un ambiente de paz, de armonía y democráticamente.

Mancomunadamente, como ciudadanos, emprendedores y tan dolientes del país como aquellos que gobiernan, la dirigencia empresarial, además, coincide en que a la vez que se amenaza y se insiste en desacreditar a productores e importadores, por igual, a los jefes de hogar, sean hombres o mujeres, de las barriadas o de los centros residenciales, se les niega el derecho constitucional a reclamar respuestas y soluciones a sus necesidades insatisfechas.  A los primeros por demandar la venta de divisas o pago de deudas internacionales contraídas para incrementar la oferta de bienes y servicios; a los segundos, por querer llevar comida o medicinas a sus hogares.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios considera que lo que ya sucedió durante los primeros dos meses de la Emergencia Económica, es lo que se perfila que va a suceder hasta los inicios del Segundo Semestre del 2016: la población seguirá recibiendo promesas de medidas y soluciones que no las habrá. Tampoco se solucionarán el desabastecimiento de medicinas, alimentos, de repuestos, ni habrá servicios públicos de calidad en electricidad, agua, gas, seguridad y educación, por citar algunos casos.

Y todo será así porque en Venezuela las soluciones que se requieren para derrotar cada una de las crisis, jamás aparecerán como el producto de actos milagrosos. También mucho menos de acciones unilaterales que, de entrada, desestiman el rol determinante de la necesaria voluntad política; de la participación activa y protagónica de la empresa privada; del aporte y participación de los trabajadores y de la propia población consumidora, hoy agobiada por la inflación y la obligación de financiar con su empobrecimiento el desorden administrativo y corrompido que reina en el Estado venezolano.

Sólo bastaría con recordar, adicionalmente, en qué se han traducido las decretadas emergencias en los casos del comercio fronterizo y del racionamiento del servicio eléctrico. Cada estado fronterizo, con sus centenares de miles de habitantes, registra en su sistema de vida la verdadera descripción de en qué se ha traducido su forzoso  sacrificio. En la parte eléctrica, ya no sólo es el comercio y los expendedores de servicios los que tienen su cuantificación. Es también la golpeada y semidestruida economía de los estados en donde viven entre apagones y relumbrones.

Mientras tanto, ante ambos casos es la economía del país la que lo registra todo en injustificados e injustos y costosos números duros.

Del abastecimiento a la distribución.-
EL Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, siempre en nombre de sus organismos gremiales afiliados, en este ambiente efectista de anuncios y de promesas, como de campañas propagandísticas dirigidas a evitar asumir la responsabilidad de errores y a distraer la atención colectiva de la urgencia de impedir que este cuadro de macroproblemas se eternice, por otra parte, rechaza la deliberada intención de atribuirle al comercio formal la responsabilidad de ser el promotor y hasta financista del llamado “bachaqueo”.

El “bachaqueo” es una variable del comercio informal que nació en Venezuela con la escasez, y que lo activan y sustentan quienes tienen acceso directo y organizado a los que durante los últimos diez años decidieron qué se puede producir e importar en el país, y cuál debe ser la renta a que tienen derecho los que emprenden y acometen el riesgo de financiar y de producir.

Nadie debe olvidar que, en Venezuela, la economía es una actividad intervenida totalmente por el Estado, y que es el Gobierno quien se favorece libre y discrecionalmente de dicha potestad. Bastaría con suponer qué sucedería si, además, la distribución de todo lo que aún se produce en el territorio pasara a depender exclusivamente del Estado.

Ese mismo Gobierno que ha fracasado rotundamente en la comercialización de productos básicos importados o de fabricación nacional, y que insiste en que aquí no hay problemas de producción, sino de distribución, ¿puede garantizar ahora que  será exitoso al frente del funcionamiento de la modalidad de Comités Locales de Abastecimiento y de Producción (Clap)?  ¿En cuánto tiempo y con qué productos va a hacer posible que con dicho sistema concebido para particularizar clientelarmente la venta de alimentos y de otros bienes con la participación de figuras comunales y de grupos conocidos como colectivos, van a ser atendido 30 millones de consumidores?.

Por otra parte, si cree que lo alcanzará en breve tiempo, ¿por qué necesita  dejar al comercio formal  a merced de la acusación de funcionarios, como de la violencia que provoca el hambre y el saqueo no siempre espontáneo que se multiplica a diario?.

El 0bservatorio Venezolano de la Conflictividad Social acaba de informar que en lo que va del 2016, en el país se han producido 350 actos violentos por falta de comida. Además, que los ciudadanos que hacen largas colas y por muchas horas, al no encontrar los alimentos que necesitan llevar a sus hogares, están pasando de la impotencia a la violencia, porque, sencillamente, están perdiendo la paciencia.

Consecomercio, que registró con dolor, impotencia e incredulidad lo que sucedió con centenares de establecimientos comerciales durante el llamado “caracazo”, llama la atención a las autoridades sobre la necesidad de impedir que al sector terciario, una vez más, se le siga identificado como responsable y culpable de situaciones relacionadas con el abastecimiento de bienes inexistentes –o que no mercadea-, y que lo están convirtiendo en objeto de destrozos de locales, como de unidades de transporte.

Lo que corresponde, por supuesto, es que las autoridades impidan los saqueos de transportes o de locales, la destrucción de instalaciones y el riesgo de vidas. Todo lo cual, en ciertos casos, ha sucedido en presencia de los llamados a evitarlo.

Cuando se extraen por la fuerza de los locales comerciales mobiliarios y otros bienes, además de equipamientos eléctricos, y se pone en riesgo la vida de accionistas y trabajadores, lo más probable es que dicho establecimiento no pueda recuperarse y reabrir. Y lo peor es que, como en muchos otros, también en estos casos el consumidor es el gran afectado.


Para Consecomercio y sus afiliados, el cuadro de problemas al que se enfrenta la nación, exige soluciones. No más dilaciones en el medio de Decretos que, a corto plazo, por ineficientes, obligan a aprobar más Decretos. El país ya no resiste más.

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