CONSECOMERCIO: GOBIERNO PROPICIA SIN RAZÓN QUIEBRA EN MASA DE PEQUEÑOS COMERCIOS Y EMPRESAS DE SERVICIOS

La administración de la Ley de Precios Justos se ha convertido en una especie de acción discrecional de “tierra arrasada” en contra de los comerciantes y expendedores de servicios a nivel nacional.

Dicho procedimiento se está siguiendo a partir del desconocimiento del estado de derecho, cuando los empresarios no son atendidos ni respetados al presentar pruebas y facturas que demuestran estar actuando apegados a la ley, mientras que los bienes objeto de inspecciones se les fijan precios a capricho por debajo de los costos de compra, y se obliga a venderlos de acuerdo a la voluntad de inspectores o fiscales, porque, supuestamente, así lo determina la Ley.

Para el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), no sólo es injusto que se apele a una norma administrada con fines ajenos a esa misma norma, para convertir a modestos empresarios en supuestos delincuentes sin serlo, y propiciar un mayor sufrimiento general a los consumidores de todo el país.

Con la eventual desaparición en masa de pequeños comercios, al no poder afrontar las obligaciones de pago con proveedores y entes financieros, como consecuencia de las medidas de comiso o ventas “a precios de fiscalziación”, los consumidores deben estar conscientes que  sus opciones de compra de lo que puedan conseguir, poco a poco, tampoco será haciendo colas, sino negociando con verdaderas mafias que han ido promoviendo “mercados negros”, a precios de oportunidad, en un país en el que los niveles de escasez de productos básicos superan el 70%.

Consecomercio insta al Ejecutivo a detener la violencia fiscalizadora que se ha seguido hasta ahora, y le exhorta a emplear la misma vehemencia que emplea para buscar inventarios en donde no existen, y a forzar la venta de bienes decomisados a precios realmente artificiales, a favor de la urgencia de producir en todo el país con la participación de la empresa privada.

Si la dedicación gubernamental de hoy se orientara a lograr la reactivación progresiva de la producción agropecuaria, como a la reactivación de las industrias que hoy están paralizadas por la carencia de insumos, materias primas y repuestos, nadie duda, entonces, que habrá capacidad de atender a los millones de consumidores que dedican horas y horas a tratar de conseguir bienes inexistentes.

Por otra parte, si con la misma devoción y seriedad que se honra las deudas soberanas de la nación se atienden la  liquidación de divisas a la empresa privada y se cancelan las obligaciones internacionales adquiridas por ésta, obedeciendo a compromisos autorizados por el Gobierno, se impedirá que haya más industrias paradas y en vías de cierre definitivo.

Para Consecomercio, lo que realmente necesita con urgencia la economía venezolana y la crisis integral que exhibe, son soluciones reales, estructurales. No arremetidas programadas ni efectistas en contra de aquellos ciudadanos que aún tienen el coraje de mantener abiertas sus empresas.

Ellos, los afectados, no reclaman tratos que les privilegien. Sólo demandan que les permitan trabajar. Hacerlo con base en el ejercicio de los derechos que les consagra la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para contribuir con la generación de riqueza, de empleos productivos y bienestar social.

El país requiere voluntad de servicio a favor de su transformación, y eso sólo es posible sin controles, restricciones a la libertad de emprender y trabajar.