La
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas reafirma una vez más su
estricto apego a los principios que establece la Constitución vigente: derecho
a la libertad económica, derecho a la propiedad, derecho a disponer de bienes y
servicios de calidad por parte de los ciudadanos, así como los principios de
iniciativa privada, de libre competencia y eficiencia, previstos en
nuestra Constitución.
La
Providencia Administrativa Nro.057 publicada en la Gaceta Oficial del 24 de
noviembre de 2014 y varias veces prorrogada, introduce graves distorsiones en
la comercialización de bienes, al establecer la obligación en cabeza de los
productores e importadores, de determinar los precios y establecer el marcaje
para aquellos bienes y mercancías, cuando no haya sido determinado su precio
justos (PVJ) por la Superintendencia Nacional para la Protección
Socioeconómicos (SUNDDE).
La
señalada Providencia Administrativa, coloca a los productores e importadores en
una situación sumamente difícil, ya que tienen que conocer- para cumplir la
destacada obligación- las estructuras de costos de todos los agentes económicos
o empresas integrantes de la cadena de comercialización.
Por
consiguiente para dar efectivo cumplimiento a la obligación establecida, los
productores o importadores se ven en la necesidad de: a) o bien de acudir a la
determinación unilateral de precios, pudiendo implicar una imposición de
precios o la venta a pérdida para algunos agentes económicos, en algunos
eslabones de la cadena; o bien, tener que concertar con los eslabones de toda
la cadena, para llegar a acuerdos, en cuanto a los márgenes aplicables a cada
eslabón; pudiendo acontecer en ambos supuestos eventuales, violaciones del
recién publicado Decreto Ley Antimonopolio.
Por
tales razones, La Cámara de Caracas solicita a las autoridades competentes del
Ejecutivo Nacional, la revisión de la Providencia Administrativa Nro. 057 ante
las distorsiones que genera en los diversos mercados, así como en las cadenas
de comercialización de productos y mercancías.
El
objetivo de la Cámara con esta propuesta, es contribuir a facilitar la comercialización de bienes y servicios y
poder ofrecer la debida información en cuanto al proceso de fijación de precios
a los ciudadanos.
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