Hasta el 4 de junio del próximo año las personas naturales podrán solicitar las licencias para importar vehículos, de acuerdo al Decreto 625 que establece el régimen de producción de vehículos, el precio justo de venta de los mismos, y la importación de vehículos por parte de personas naturales.
La norma, que aparece publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.117 que circuló ayer, señala que el primer requisito es que los particulares que quieran importar ya tengan los dólares, que deberán depositarse en una cuenta que para tal fin se podrá abrir en un banco público. No está previsto en el decreto que el Gobierno autorice divisas para estas importaciones; sin embargo, el diputado Elvis Amoroso señaló que el Ejecutivo no descarta abrir la puerta para que se realicen ofertas públicas de dólares para que "cualquier venezolano pudiera adquirir divisas para comprar vehículos".
La temporalidad en la entrega de las licencias de importación, que deberán tramitarse a través del Ministerio de Comercio, se debe a que el decreto plantea una solución a corto plazo. Según Amoroso, la Ley que regula la compra y venta de vehículos automotores nuevos y usados nacionales o importados -aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de este año y de la que se espera aún su publicación en la Gaceta Oficial- presenta problemas "de estilo". El parlamentario dijo que, una vez que entren en vigencia algunas leyes de la Habilitante, se ajustará el instrumento legal para incluir esas importaciones de particulares y otros temas, tras lo cual se le dará luz verde a su vigencia.
Por los momentos, el decreto aparecido ayer en la Gaceta Oficial establece que el Gobierno, a través de los despachos de Comercio y de Industrias, junto a las ensambladoras definirán los precios "a puerta de fábrica" de los vehículos nuevos, para lo cual se basarán en la estructura de costos de esas empresas y en un margen de "ganancia razonable". Las partes tienen un tope de 20 días, contados a partir del 4 de diciembre, para acordar esos precios.
En el caso de los concesionarios y las comercializadoras, será el Gobierno el que decidirá los precios justos para los carros. Si se trata de un vehículo usado, los precios no podrán ser mayores a los definidos para el valor "a puerta de fábrica".
Las ensambladoras reportarán cada semana al Gobierno su producción semanal y el destino de la misma. Los concesionarios y comercializadoras, por su parte, están obligados a informar las ventas de los carros, según indica el decreto.
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