El 20 de abril de 1983 se inauguró en
Venezuela una etapa nefasta para la producción nacional, cuando las autoridades
de entonces consideraron que para garantizarle a la población el normal
abastecimiento de bienes y servicios, en condiciones razonables de precios y de
comercialización, y evitar brotes especulativos y de acaparamiento, se
establecía la fijación de precios máximos o únicos de venta, en todo o parte
del territorio nacional. Es decir, el país comenzó a vivir bajo los rigores de un
control de precios!!
Han transcurrido treinta años. Y
durante todo ese tiempo, los variopintos gobiernos han mantenido vigente dicho
principio, como punto de partida y de llegada en una carrera a contracorriente.
Porque a la vez que se anuncian estrategias productivas, se destinan recursos financieros
a quienes producen, y se trata de convencer a los consumidores que a mayor
control de precios, ellos podrán adquirir más y diversos bienes y servicios y gozar
de un mayor bienestar personal y familiar, el resultado siempre ha sido el
mismo: escasez, desabastecimiento, importaciones, mercado negro.
Durante ese tiempo, el Consejo
Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO), en representación de sus
organizaciones gremiales afiliadas en todo el país, e interpretando el sentir
de todos los empresarios que constituyen el sector terciario de la economía, ha
cuestionado decididamente dicho procedimiento, demostrando que es una errónea
manera de pretender beneficiar a los consumidores. Ya que, al final, aunado al
empeño gubernamental de crear espejismos de bonanza social con gastos fiscales desproporcionados,
la producción nacional se ha desestimulado, las inversiones privadas se han
contraído. Mientras que los responsables de propiciarlo, han terminado
emprendiendo costosas y efectistas campañas propagandísticas dirigidas a
convertir a la intermediación comercial y a los comerciantes en los presuntos culpables de procesos de
acaparamiento y de especulación, aunque sin poder demostrarle a los consumidores
porqué nadie acapara o especula, cuando la compra y venta se da entre bienes no
sujetos a controles de precios.
Desde mediados del 2012, CONSECOMERCIO
alertó que los productores y los comerciantes venezolanos estaban siendo
afectados severamente por la rigidez e inoperancia con la que se estaban
administrando los controles de precios y de cambio. Asimismo, que de no
revisarse lo que estaba sucediendo en
ambos casos, las consecuencias de dicho proceder se harían sentir severamente
durante el último trimestre del año, con sus obvios efectos para los
consumidores. Se optó por intensificar las importaciones gubernamentales,
congestionar los entonces obsoletos e inoperantes puertos del país y, por
supuesto, negarle a los consumidores el libre ejercicio de su derecho
constitucional de adquirir los bienes de fin de año.
Durante los casi cinco primeros meses
del 2013, la economía nacional ha sido afectada e influida por lo mismo que
vivió a mediados del año pasado. Y los consumidores, además de haber terminado
financiando parte del gasto público con una devaluación del bolívar del 46,5%,
también han tenido que poner el maltrecho contenido de sus bolsillos al
servicio del costo que le inflingen a las economías de los países, la
incertidumbre y la desconfianza provocada por la ausencia oportuna y organizada
de políticas públicas sana y transparentemente bien concebidas. Pero, además, se
han visto obligados a desarrollar lo que la propia sociedad venezolana ha bautizado como “turismo de mercado”, es decir, ir de un lugar a otro de las ciudades –y hasta
del país- para poder adquirir aquello que lo ha convertido en víctimas de
escasez, desabastecimiento y de una inconcebible distorsión de precios.
En las últimas dos semanas, las
autoridades, finalmente, han reaccionado de manera proactiva ante dicha
situación de escasez, desabastecimiento e inflación. Y le han dicho a los
consumidores, inclusive, que bastarían dos meses (60 días) apenas, para convertir
la ingrata experiencia de vivir en un ambiente de economía de emergencia en
materia de abastecimiento, en parte de un desagradable recuerdo. Inclusive, en
atención a dicho compromiso, se han adoptado algunas decisiones en materia
cambiaria y otras puntuales en precios. Pero sin llegar al meollo del serio,
severo y costoso problema de fondo: la obsolescencia de los controles de
precios y del inoperante control de cambio.
Por el contrario, a la vez que se
celebran mesas técnicas con representantes de sectores de la producción, mas no
con los gremios empresariales, desde el seno del propio Gobierno emergen los
anuncios sobre el contenido de nuevas leyes y disposiciones dirigidas a continuar
extendiendo controles, especialmente a actividades industriales y comerciales,
bajo el ya extemporáneo argumento de que es una manera de beneficiar a los
consumidores. ¿Y es que acaso no basta con tener que vivir hoy los rigores y
sinsabores de la escasez y del desabastecimiento, provocados por los últimos
diez años de control de precios, como de la Ley de Costos y Precios Justos?.
CONSECOMERCIO ratifica lo que ha dicho
durante casi medio siglo de desempeño institucional: si a mediados del 2013,
todavía no existen argumentos y decisiones gubernamentales distintas a las que
se aprobaron e impusieron unilateralmente el 20 de abril de 1983, en materia
económica, Venezuela no va a poder diseñar ni implementar estrategias
productivas y competitivas más allá de las que les permite el rentismo
petrolero y el gasto público desmesurado e ineficiente, ni disponer de una
empresa privada poderosa, a los niveles que hoy exhiben países vecinos, como
son, entre otros, Perú, Panamá, Colombia, Chile, República Dominicana, etc.
A los consumidores venezolanos, a esos
casi 30 millones de individuos que habitan sobre el territorio nacional, se les
tiene que atender en la satisfacción de sus necesidades, preferiblemente con
producción nacional generada por venezolanos dignamente bien pagados. El Gobierno
debe comenzar a incentivar al aparato productivo nacional, con políticas públicas
flexibles, hacedoras de riqueza y de bienestar para todos los venezolanos. Y
estas políticas deben ser de largo aliento, de masivo alcance, coherentes,
modernas y sostenibles. El país lo demanda, y lo demanda para ya!!
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