SIN UNA EMPRESA PRIVADA PODEROSA HABRÁ QUE SEGUIR DEPENDIENDO DEL RENTISMO PETROLERO: CONSECOMERCIO

El 20 de abril de 1983 se inauguró en Venezuela una etapa nefasta para la producción nacional, cuando las autoridades de entonces consideraron que para garantizarle a la población el normal abastecimiento de bienes y servicios, en condiciones razonables de precios y de comercialización, y evitar brotes especulativos y de acaparamiento, se establecía la fijación de precios máximos o únicos de venta, en todo o parte del territorio nacional. Es decir, el país comenzó a vivir bajo los rigores de un control de precios!!

Han transcurrido treinta años. Y durante todo ese tiempo, los variopintos gobiernos han mantenido vigente dicho principio, como punto de partida y de llegada en una carrera a contracorriente. Porque a la vez que se anuncian estrategias productivas, se destinan recursos financieros a quienes producen, y se trata de convencer a los consumidores que a mayor control de precios, ellos podrán adquirir más y diversos bienes y servicios y gozar de un mayor bienestar personal y familiar, el resultado siempre ha sido el mismo: escasez, desabastecimiento, importaciones, mercado negro.

Durante ese tiempo, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO), en representación de sus organizaciones gremiales afiliadas en todo el país, e interpretando el sentir de todos los empresarios que constituyen el sector terciario de la economía, ha cuestionado decididamente dicho procedimiento, demostrando que es una errónea manera de pretender beneficiar a los consumidores. Ya que, al final, aunado al empeño gubernamental de crear espejismos de bonanza social con gastos fiscales desproporcionados, la producción nacional se ha desestimulado, las inversiones privadas se han contraído. Mientras que los responsables de propiciarlo, han terminado emprendiendo costosas y efectistas campañas propagandísticas dirigidas a convertir a la intermediación comercial y a los comerciantes en  los presuntos culpables de procesos de acaparamiento y de especulación, aunque sin poder demostrarle a los consumidores porqué nadie acapara o especula, cuando la compra y venta se da entre bienes no sujetos a controles de precios.

Desde mediados del 2012, CONSECOMERCIO alertó que los productores y los comerciantes venezolanos estaban siendo afectados severamente por la rigidez e inoperancia con la que se estaban administrando los controles de precios y de cambio. Asimismo, que de no revisarse lo que estaba sucediendo  en ambos casos, las consecuencias de dicho proceder se harían sentir severamente durante el último trimestre del año, con sus obvios efectos para los consumidores. Se optó por intensificar las importaciones gubernamentales, congestionar los entonces obsoletos e inoperantes puertos del país y, por supuesto, negarle a los consumidores el libre ejercicio de su derecho constitucional de adquirir los bienes de fin de año.

Durante los casi cinco primeros meses del 2013, la economía nacional ha sido afectada e influida por lo mismo que vivió a mediados del año pasado. Y los consumidores, además de haber terminado financiando parte del gasto público con una devaluación del bolívar del 46,5%, también han tenido que poner el maltrecho contenido de sus bolsillos al servicio del costo que le inflingen a las economías de los países, la incertidumbre y la desconfianza provocada por la ausencia oportuna y organizada de políticas públicas sana y transparentemente bien concebidas. Pero, además, se han visto obligados a desarrollar lo que la propia sociedad  venezolana ha bautizado como “turismo de mercado”, es decir,  ir de un lugar a otro de las ciudades –y hasta del país- para poder adquirir aquello que lo ha convertido en víctimas de escasez, desabastecimiento y de una inconcebible distorsión de precios.

En las últimas dos semanas, las autoridades, finalmente, han reaccionado de manera proactiva ante dicha situación de escasez, desabastecimiento e inflación. Y le han dicho a los consumidores, inclusive, que bastarían dos meses (60 días) apenas, para convertir la ingrata experiencia de vivir en un ambiente de economía de emergencia en materia de abastecimiento, en parte de un desagradable recuerdo. Inclusive, en atención a dicho compromiso, se han adoptado algunas decisiones en materia cambiaria y otras puntuales en precios. Pero sin llegar al meollo del serio, severo y costoso problema de fondo: la obsolescencia de los controles de precios y del inoperante control de cambio.

Por el contrario, a la vez que se celebran mesas técnicas con representantes de sectores de la producción, mas no con los gremios empresariales, desde el seno del propio Gobierno emergen los anuncios sobre el contenido de nuevas leyes y disposiciones dirigidas a continuar extendiendo controles, especialmente a actividades industriales y comerciales, bajo el ya extemporáneo argumento de que es una manera de beneficiar a los consumidores. ¿Y es que acaso no basta con tener que vivir hoy los rigores y sinsabores de la escasez y del desabastecimiento, provocados por los últimos diez años de control de precios, como de la Ley de Costos y Precios Justos?.

CONSECOMERCIO ratifica lo que ha dicho durante casi medio siglo de desempeño institucional: si a mediados del 2013, todavía no existen argumentos y decisiones gubernamentales distintas a las que se aprobaron e impusieron unilateralmente el 20 de abril de 1983, en materia económica, Venezuela no va a poder diseñar ni implementar estrategias productivas y competitivas más allá de las que les permite el rentismo petrolero y el gasto público desmesurado e ineficiente, ni disponer de una empresa privada poderosa, a los niveles que hoy exhiben países vecinos, como son, entre otros, Perú, Panamá, Colombia, Chile, República Dominicana, etc.

A los consumidores venezolanos, a esos casi 30 millones de individuos que habitan sobre el territorio nacional, se les tiene que atender en la satisfacción de sus necesidades, preferiblemente con producción nacional generada por venezolanos dignamente bien pagados. El Gobierno debe comenzar a incentivar al aparato productivo nacional, con políticas públicas flexibles, hacedoras de riqueza y de bienestar para todos los venezolanos. Y estas políticas deben ser de largo aliento, de masivo alcance, coherentes, modernas y sostenibles. El país lo demanda, y lo demanda para ya!!