AQUILES MARTINI PIETRI: SOLO CON POLÍTICAS INCLUYENTES, ES POSIBLE SATISFACER DEMANDA DE VIVIENDAS Y HACER CIUDADES SUSTENTABLES

Luego de haber transcurrido diez meses desde la promulgación y entrada en vigencia de la Ley de Arrendamientos, el mercado de alquileres se ha reducido a un mínimo a nivel nacional. Bien sea por haber generado una mayor burocracia, un estancamiento de trámites, desconfianza entre inquilinos y propietarios, e incluso la llamada violencia inquilinaría, la realidad es que, hoy por hoy, los venezolanos le huyen al arrendamiento.

“El panorama a futuro es muy incierto porque, como consecuencia de la Ley de Arrendamiento, ya las familias no encuentran viviendas para alquilar”, aseguró el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri.

El problema de la vivienda se ha agravado a pesar de lo que los voceros del Gobierno pregonen lo contrario. La reciente solicitud por parte del ciudadano Presidente y candidato a la reelección de que necesitará 6 años más en el poder para que ningún venezolano quede sin vivienda, da cuenta de ello. Han sido 14 años de gestión revolucionaria y con varios planes a cuestas (Petrocasas, Misión Villanueva, Misión Vivienda entre otros), que no solo no han podido solucionar este problema sino, peor aún, los datos recogidos por la Misión Vivienda hablan de un déficit de 2.7 millones en el país, es decir, el doble de lo reconocido por el ciudadano Presidente, quien dijo al principio de la “revolución” que el déficit se ubicaba en, aproximadamente, 1 millón 500 mil unidades.

A diez meses de su promulgación ningún venezolano puede cumplir con esta ley, pues la Superintendencia Nacional de Arrendamiento no ha podido desplegarse en todo el país y tampoco ha sido posible que el Ministerio de la Vivienda y Hábitat defina el valor de reposición necesario para el cálculo regulado del precio de la vivienda y del canon de alquiler.

"No puede ser beneficiosa una ley que, de forma comprobada, ha acabado con la oferta de alquileres en todas las ciudades del país. Habíamos advertido que era injusta pues genera un desequilibrio a favor de unos en perjuicio de otros, dificultando la relación contractual y armónica entre inquilinos y propietarios, poniendo acento en la posibilidad del incumplimiento de las partes y imposibilidad de recuperar la vivienda por parte del propietario", declaró.

A juicio del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, “esta ley debe ser revisada y reajustada llevándola a equilibrio para los interesados, toda vez que se promueva su verdadera discusión con visiones incluyentes y no con la visión electoral, política e ideológica con la cual se discutió”. Opinó que una alianza entre el sector público y el sector privado, para desarrollar proyectos de viviendas en alquiler, sigue siendo una de las soluciones.

Por otro lado, el representante del sector inmobiliario manifestó que las cifras que se manejan, inclusive las del Banco Central de Venezuela demuestran que, en ningún caso, ni en el mejor esfuerzo que haya hecho este Gobierno, el desarrollo de nuevas soluciones habitacionales ha superado la demanda que se produce por el crecimiento vegetativo de la población. Esto quiere decir, puntualizó Martini Pietri, que la participación del sector privado, aparte de ser constitucional, es fundamental y necesaria. En ese orden de ideas manifestó que deben revisarse las alianzas existentes entre el gobierno nacional y los gobiernos y empresas privadas con países amigos, para la construcción de viviendas.  “La solución al déficit habitacional no puede ni debe ir en detrimento de trabajadores, empresas y familias venezolanas”, recalco.

"Con un aparato productivo debilitado, la constante falta de materiales de construcción, y legislaciones cada vez más centralizadoras y restrictivas, se aleja más la posibilidad de un plan sostenido y efectivo para que se desarrollen núcleos habitacionales sustentables con viviendas dignas para todos y cada uno de los venezolanos", sentenció.

“Los venezolanos debemos esforzarnos y empeñarnos en superar las matrices sesgadas con visiones políticas e ideológicas para abordar el tema de la vivienda y solucionarlo en base a la discusión, el diálogo y el compromiso de todos”, advirtió Martini Pietri.  En ese sentido, dijo que los focos de atención deben ponerse en la producción y distribución adecuada de los materiales de construcción como son cemento y cabillas; la planificación urbana para crear habitabilidad y desarrollo socioeconómico en armonía con la expansión y mejoramiento de los servicios básicos necesarios; la definición de una política de financiamiento confiable, sustentable y transparente a través de la banca pública y privada; y la adaptación del marco jurídico basado en el respeto a los derechos constitucionales individuales y comunes y a la propiedad privada, a fin de generar tranquilidad y confianza para todos los participantes.

La gran fortaleza de un plan amplio y consensuado de viviendas, donde participen las empresas privadas, el sector público, las universidades, las organizaciones gremiales y la sociedad civil organizada, deberá concentrar su enfoque especialmente en los sectores más necesitados de la población, quienes verán incrementada su calidad de vida, y por lo tanto Venezuela toda se verá beneficiada, disminuyendo y cumpliendo así con la deuda social y sus consecuencias, que no ha podido ser saldada en todos estos años.

“Un modelo de ciudad sustentable, más vivible, donde los servicios funcionen, exista educación, seguridad, capacidades productivas, movilidad, espacios de esparcimiento, y núcleos de desarrollo económico, será uno de los caminos que debemos seguir los venezolanos para encontrar la solución al déficit habitacional y de esta manera lograr ese clima de paz y progreso que todos nos merecemos”.

Martini  Pietri aseguró que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela asume el compromiso de facilitar las discusiones y planteamientos entre los distintos sectores, que permitan diseñar este modelo de ciudad a la que aspiramos los venezolanos, “lo hemos hecho en el pasado y hoy, ratificamos nuestro responsabilidad y nuestro deber  de seguir trabajando por esas miles de familias que a pesar de las promesas incumplidas de la política actual de vivienda y aún no ven cristalizadas sus expectativas, mantienen la esperanza de una Venezuela de opciones, oportunidades y progreso".