El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini, considera que la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que entró en vigencia esta semana, genera más discrecionalidad.
En un comunicado, señaló que "ahora hay una mayor centralización y burocracia porque la Ley crea la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Viviendas y Hábitat, que ejercerá todo lo concerniente a la regulación, permisos y control, que hasta ahora ejercen las ingenierías municipales y los entes descentralizados".
Agregó que "pretender que todos los urbanismos y construcciones del país, sin discriminar su tamaño, se van a realizar en menos de 24 meses obviando, entre otras cosas, la escasez de materia prima que existe, hace de este compromiso algo difícil de alcanzar".
Cuestiona lo punitivo de la Ley y apuntó que "ante un escenario complicado para el desarrollo inmobiliario, se castiga a los promotores imponiéndoles una multa de 2 Unidades Tributarias y la obligación de pagar el alquiler de su cliente por cada día de retraso en la entrega de la obra".
Comentarios