"Su sociedad está condenada", Ayn Rand

"Cuando advierta que para producir usted necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces usted podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad esta condenada"

Ayn Rand, 1950. Rand (1905-1982). Filósofa Ruso-Estadounidense

viernes, 2 de diciembre de 2011

ESTIMAN QUE LEY DE COSTOS ELIMINA LIBERTAD DE PRECIOS

La Ley de Costos y Precios Justos ha generado incertidumbre en el sector productivo por "la discresionalidad" con la que fue redactada. Sin embargo, la interpretación de la norma no dista de la realidad actual pues ha sido concebida de acuerdo con los lineamientos del Plan de la Nación 2007-2013.

José Ignacio Hernández, abogado y profesor universitario, señala que la Ley contempla dos bloques jurídicos primordiales para la transición al socialismo: la transformación del Estado creando nuevas formas de organización (el poder popular), y la modificación de las relaciones de producción "de un esquema vertical de capital a un esquema horizontal de la satisfacción de las necesidades".

El experto considera que con la aprobación de la Ley se elimina "formalmente" la libertad de precios, pues los mismos quedan sujetos al control de la Superintendencia de Costos y Precios Justos (Sundecop) de forma directa (mediante notificación) o indirecta (fijación de precio justo).

"El modelo en la Ley es eliminar la libertad de precio. Según la Ley, a partir del 22 de noviembre los precios de todos los productos sólo pueden fijarse a través de los tres mecanismos: notificación de precios, precios regulados, y precios justos. Sólo esos", señaló Hernández.

De esa manera el Estado asume la planificación y dirección central de los precios de bienes y servicios. La normativa se basa en la criminalización del sector empresarial; y se ha manipulado la libre competencia.

Destaca que los cuatro instrumentos jurídicos que ha creado el Gobierno (la Ley, el reglamento, las providencias y la fiscalización) se contradicen entre sí, y hay una cadena de violaciones entre ellos. Cree que la Ley es inconstitucional y que debe demandarse su nulidad.

"Es una Ley cuyo presupuesto último es controlar y planificar los márgenes de ganancias. De hecho, uno de los principios fundamentales del modelo económico vigente en Venezuela es el control de precios".

Señala que la Ley no define criterios para la formación del precio justo. "La Ley omitió referencia de cuándo el precio es abusivo, qué son costos, qué es estructura de costos, qué es precio justo y cómo se determina, qué se incluye y qué no".

Hernández señaló que las fiscalizaciones que se están realizando a las empresas no están centradas sobre los costos de producción, sino más bien sobre la información de la conformación de las empresas.

Destacó que quedan regulados los productos terminados, pero los insumos para la fabricación no.

El círculo

El economista Ángel Alayón considera que en el análisis que se hará a las empresas deben tomarse en cuenta todos los costos contemplados en esas estructuras, de lo contrario se mantendrá el círculo vicioso de fijar precios por debajo de los costos, lo cual termina generando escasez en el mercado.

Apuntó que el análisis de las ganancias es un proceso complejo, pues la reducción de las mismas podría significar una disminución en los ingresos al fisco vía Impuesto Sobre La Renta (ISLR).

"Las ganancias remuneran a los accionistas que asumen el riesgo de invertir. Además tienen una función social en la declaración del ISLR. Habría que aclarar si esa reducción de las ganancias es antes o después de la declaración fiscal".

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