La llamada Ley de Arrendamiento es la primera que ha llegado a la Asamblea Nacional por iniciativa popular con el fin de defender a los inquilinos, pero diversos sectores sostienen que su fondo, poco equilibrado, terminará por afectar a quienes intenta proteger.
La revisión de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas avanzó este miércoles en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) y, entre otros elementos, se estableció que el contrato mínimo de arrendamiento es de tres años, que el pago de los servicios corre por cuenta del dueño de la vivienda y que se elimina el pago de depósitos.
Para Roberto Orta Poleo, presidente de la Asociación de Propietarios de Bienes Urbanos (Apiur), en estos términos el proyecto no piensa en el inquilino de mañana, porque si bien actualmente van a estar sobreprotegidos los inquilinos, la realidad es que en el futuro no van a existir ofertas de alquiler debido a estas condiciones.
Diosdado Cabello, presidente de la comisión parlamentaria, indicó el miércoles que "algunos piensan que el tiempo del contrato de alquiler debe ser un acuerdo entre las partes, pero eso nos ha llevado a que cada año se firma un contrato que tiene un aumento exponencial". De allí que se fijó en tres años el lapso mínimo de los contratos, que pueden ser disueltos por los inquilinos antes de ese período sin penalización.
Orta señala que alquilar un bien por tres años, más las prórrogas que se establezcan, significa que se estaría comprometiendo de entrada un inmueble prácticamente por cinco años. Asegura que los propietarios no están dispuestos a alquilar por ese plazo, y que es costumbre en Venezuela arrendar por un año, renovable por 12 meses más.
"Los propietarios tienen derecho a recuperar las viviendas, según sus necesidades".Teresa Borges, especialista en materia inmobiliaria, afirma que algunos propietarios no están dispuestos a amarrarse a un contrato de tres años mínimo, porque les conviene solo por uno o dos años.
Además indica que debe establecerse algún tipo de sanción para aquellos inquilinos que decidan irse del inmueble sin haber cumplido el período de tres años de arrendamiento.
Pero también preocupa que se haya decidido en la AN suprimir el capítulo referido a las garantías de los arrendadores, que se utilizaba para exigir depósitos por montos equivalentes hasta por un año del canon de alquiler.
"Eso no es justo (...) Si no hay garantía de un lado, tampoco debe existir para otro", argumentó Cabello. Rota ve esta decisión con preocupación y argumenta que un propietario, en cualquier parte del mundo, exige una garantía de su patrimonio.
Asimismo genera inquietud entre los dueños de inmuebles el hecho de que la ley obliga a los arrendadores a remitir a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas los datos que sean requeridos a los efectos del Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas. No hacerlo implica sanción.
Otro aspecto que destaca en este proyecto de ley es que los pagos de servicios serán responsabilidad del arrendador y subarrendador.
En la próxima sesión de la Comisión de Administración y Servicios se abordará el método para definir el canon de los alquileres.
Cabello señaló que el objetivo es tener precios justos, no especulativos, e impedir que los propietarios se valgan de elementos como las infraestructuras cercanas a los inmuebles, que son construidas por el Estado, para encarecer las cuotas de alquiler.
El texto consta de 150 artículos, de los cuales ya han sido aprobados más de 50. Orta espera que se reconsideren varios aspectos cuando el proyecto llegue a plenaria.
Entradas
Comentarios