La Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física que está en discusión en la Asamblea Nacional podría convertirse en una nueva y pesada carga para las empresas venezolanas por cuanto establece un aporte obligatorio del 1% de los ingresos brutos anuales para la creación de un fondo nacional para el desarrollo de la actividad deportiva.
Así lo señaló Carlos Larrazábal, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), quien envió una comunicación al presidente y demás miembros de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, exponiendo la preocupación del sector manufacturero y haciendo propuestas para ajustar el articulado en función de que se logren los objetivos perseguidos por este nuevo instrumento legal sin perjudicar la operatividad de las empresas productivas.
Conindustria considera inconveniente que se incorporen nuevos tributos a la actividad privada puesto que ya las empresas están obligadas a realizar aportes establecidos por la Ley Orgánica para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti), para la Organización Nacional Antidrogas (ONA), entre otras.
Por otra parte, y de mantenerse la creación del Fondo Nacional para el desarrollo del deporte, la actividad física y la educación física, Conindustria plantea que la contribución no se realice sobre la base de los ingresos brutos anuales de las empresas sino más sobre los ingresos netos.
Asimismo, proponen que se aumente la base para el cálculo que en lugar de fijar como mínimo ingresos por el orden de las 7.000 unidades tributarias se eleve a 100.000 unidades tributarias, como sucede en el caso de la LOCTI, pues de lo contrario se estaría afectando seriamente a las pequeñas y medianas empresas.
También el gremio industrial señala que lo contemplado en la ley del deporte, podría afectar seriamente la actividad de patrocinios deportivos. En ese sentido, se plantea que se admita como parte de la contribución de las empresas al fondo, lo que destina a patrocinios y a las actividades deportivas de los trabajadores.
Asimismo, Conindustria solicita que se mantenga el principio de la Reserva Legal, de manera que no se permita que otros organismos creen tributos o impuestos que pueden afectar negativamente la actividad económica en el país.
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