La empresa mexicana Gruma iniciará el lunes negociaciones con el gobierno venezolano por la expropiación de su subsidiaria Molinos Nacionales (Monaca), en las que hará valer un tratado de protección de inversiones entre Venezuela y España, dijeron directivos de la empresa.El director de Finanzas y Planeación de Gruma, Raúl Peláez, dijo en declaraciones que publican hoy medios mexicanos, que el proceso no debería demorar más de nueve meses, pero estimó que concluirá en "plazo mucho menor".
Monaca es propiedad al 100 por ciento de Valores Mundiales, una empresa constituida en España de la cual Gruma tiene el 72,86 por ciento del capital, lo que le permitiría ampararse en ese tratado.
"Seguramente llegaremos a un acuerdo porque la relación con Venezuela es muy respetuosa", dijo. En caso contrario, la empresa recurriría a un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, reseñó Dpa.
El tratado de protección de inversiones entre España y Venezuela establece que la compensación tendrá que ser equivalente al valor real de la inversión hecha antes del anuncio de expropiación, además de que el pago se tendrá que hacer "sin demora, en moneda convertible", dijo Peláez.
La "adquisición forzosa" decretada por el gobierno de Chávez implicará la pérdida del 13 por ciento de las ventas globales de Gruma, que fueron de 7.500 millones de pesos (unos 600 millones de dólares) en 2009, según cifras que publica hoy la prensa mexicana.
Gruma tiene dos subsidiarias en Venezuela: Monaca y Derivados de Maíz Seleccionados (Demaseca), que también podría quedar incluida en la expropiación, con activos por 3.200 millones de pesos (unos 250 millones de dólares) y pasivos de 1.900 millones de pesos (150 millones de dólares).
Según el diario venezolano "El Universal", Monaca vendía casi la mitad de su harina de maíz al gobierno y sus ventas habían caído un dos por ciento en los primeros tres meses del año por la reducción de las compras del Estado.
Las acciones de Gruma cayeron un 6,58 por ciento el jueves en la Bolsa Mexicana de Valores, después de oficializarse la expropiación.
La orden fue dictada por considerar que la adquisición forzosa en este caso resulta imprescindible para la ejecución del proyecto agroindustrial nacional.
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