La Cámara de Caracas se dirige al país para manifestar su preocupación por la ola creciente de allanamientos y confiscaciones que se están practicando contra los activos productivos y los inventarios de empresas muy importantes del país, así como los mecanismos de inspección, intervención y cierre que se han ejercido contra las casas de bolsa.
Esta conducta, que lamentablemente se está convirtiendo en el patrón más determinante del gobierno hacia la empresa privada, se da en unas circunstancias muy difíciles. La reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios, el cierre temporal del mercado de divisas, el estricto y punitivo sistemas de controles y el colapso de los servicios públicos han colocado en una circunstancia muy comprometida la reposición de los inventarios, lo que de mantenerse por mucho tiempo traería consigo situaciones de escasez y desabastecimiento puntuales que nadie desea.
A pesar de todos los obstáculos la empresa venezolana sigue abierta, dispuesta a atender a sus clientes, cumpliendo sus obligaciones y atenidas a la ley, aún cuando ellas sean inconstitucionales y francamente desestimulantes.
En su momento dijimos que el cerco político a las empresas iba a hacer crisis. Que tarde o temprano la renta petrolera se iba a mostrar insuficiente para financiar un estatismo tan marcadamente comprometido con una economía de puertos, cuya intención política implícita era el debilitamiento del capital nacional para que finalmente fuera sustituido por una nueva economía socialista. Ningún gobierno puede suplir el espíritu emprendedor y la eficiencia productiva del sistema de mercado, y es precisamente el error recurrente de asolar a la empresa lo que ha conducido al malestar económico que tanto inquieta al gobierno.
El año pasado advertimos muchas veces que el modelo económico llamado “socialismo del siglo XXI era insostenible. No hay duda de que nuestro país, en su tránsito al desarrollo tiene brechas de justicia social que debe allanar. El país es testigo que en este esfuerzo nacional ha sido notable la responsabilidad social de los empresarios venezolanos. Creemos en un modelo económico sustentable que auspicie el emprendimiento, permita el desarrollo de las empresas y provoque la generación de empleos estables no solo en manos del Estado si no también del empresariado. Advertimos que sin la capacidad productiva de la empresa privada se iban a cercenar las posibilidades de prosperidad del país. También dijimos que la sustitución de las empresas privadas por empresas públicas era una decisión temeraria, habida cuenta de la desinversión en talento y la caída en los rendimientos que caracterizaban estas medidas. Advertimos que esas decisiones no tomaban en cuenta el altísimo costo de oportunidad que suponía no pensar en nuevas inversiones con los efectos benignos en términos de competencia y generación de nuevos empleos que ella traía consigo.
Los resultados del experimento han sido los anticipados. La ausencia de normas
claras, coherentes y estables han ocasionado desinversión y recesión económica. Pero ahora, en lugar de asumir con sentido pragmático y en aras del interés nacional una revisión profunda de la política, el gobierno insiste en medidas expoliadoras contra empresas que a pesar de todo han mantenido altos niveles de productividad y que en razón de su compromiso con el país y sus trabajadores han seguido produciendo lo que los venezolanos queremos consumir. En tanto, la experiencia socialista de distribución de alimentos ha colapsado. Los empresarios venezolanos no podemos seguir siendo los chivos expiatorios del fracaso de las políticas de controles.
Las vías de hecho, al margen del debido proceso y del debido respeto a los derechos de propiedad, son inconstitucionales. Las confiscaciones de los inventarios de las empresas no son aceptables bajo ninguna excusa. Las acusaciones contra las empresas sin que ellas puedan defenderse antes de sufrir los perjuicios económicos y reputacionales de las que son objeto no se pueden tolerar dentro del marco de los derechos y garantías que nuestra Carta Magna nos asegura.
La criminalización del ejercicio de la libre empresa y las actividades directivas son inaceptables. Pero además de las importantes consideraciones sobre la legitimidad constitucional de los procedimientos, queremos resaltar que esas medidas no son eficaces para combatir cualquiera de los efectos perversos que se han generado por el mantenimiento de una política económica insustentable. Lo que está ocurriendo produce muchos males sociales sin mejorar ninguno de los indicadores económicos que están en juego.
La Cámara de Caracas se suma a la preocupación del colectivo empresarial y de la sociedad venezolana. La descomposición económica que estamos sufriendo requiere que replanteemos con mucha serenidad el marco de consensos que fundamentan a la República. Creemos imprescindible volver a insistir en el apego estricto a lo que se establece en la Constitución vigente. Ese es el proyecto del país en el que todos debemos coincidir y por el que todos debemos trabajar.
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