El Gobierno Nacional estima constituir una empresa estatal de comercio que permitirá expender los bienes y servicios que elaboren las empresas del Estado y las importaciones para el venidero año.Así lo informó el ministro del Poder Popular para el Comercio, Eduardo Samán, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), órgano que inició este viernes el proceso de consulta en torno al Presupuesto Nacional 2010.
'Comercializaremos de todo y para ello constituiremos esta empresa que tendrá concesionarios, tiendas de electrodomésticos y textiles', destacó.
Precisó que, para la constitución de esta empresa, la cartera del Comercio solicitará un crédito adicional ante la Asamblea Nacional, por cerca de 100 millones de bolívares.
'Debemos recurrir a un crédito adicional, debido a que este tipo de proyectos por una serie de especificaciones legales no puede estar inmerso en el Presupuesto Nacional', explicó.
Asimismo, el titular de la cartera de Comercio apuntó que en la actualidad se llevan a cabo los estudios para la constitución de esta empresa. Posteriormente se llevará la solicitud a la AN, que será el órgano encargado de aprobar su creación y los recursos necesarios para su puesta en marcha.
'Esta empresa esperamos que esté en funcionamiento para el 2010', indicó, al tiempo que resaltó la importancia de incrementar la participación del Estado en el comercio nacional para sincerar los precios.
'Es de suma importancia que el Estado participe en el comercio para contribuir al desarrollo de la producción, así como su papel para la formación de los precios de los bienes y servicios que se distribuyen en el país', sentenció.
Prevén modificar leyes
Por otro lado, el ministro Eduardo Samán señaló que para la gestión fiscal del 2010, el Ministerio del Poder Popular para el Comercio prevé solicitar ante la Asamblea Nacional la modificación de una serie de instrumentos legales vinculados al desarrollo de la actividad comercial en el país, con el objetivo de transformar el modelo capitalista existente en socialismo.
Samán adelantó que se estudia crear la Ley Antimonopolio, así como modificar la Ley de Procompetencia, la Ley del Sistema de Calidad Venezolano y la Ley de Propiedad Industrial, el Reglamento del régimen Común del Tratamiento de Capitales Extranjeros Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como la Ley Promoción y Protección de Inversiones.
Al respecto, explicó que dentro del proyecto de Ley Antimonopolio se prevé insertar la prohibición de la concentración del capital por parte de las empresas como eje central de la reforma estructural de este instrumento jurídico.
“El proyecto de Ley Antimonopolio debe ir dirigida a impedir la concentración del capital, porque el paso del capitalismo burgués al imperialismo se caracteriza por una alta concentración del capital y eso lo vemos cuando el comercio de los alimentos en el mundo lo manejan 40 empresas en el mundo”, explicó.
En torno a la Ley de Procompetencia, el ministro sostuvo que se debe llevar a cabo una reforma profunda para adecuar este organismo a la realidad venezolana y potenciarlo jurídicamente para que pueda encabezar la lucha contra los monopolios y oligopolios presentes en el país.
De igual manera, precisó que la reforma a las leyes y reglamentos que rigen la inversión extranjera deben estar dirigidos a garantizar que las empresas que deseen invertir realicen la inversión productiva con transferencia tecnológica.
“Si van a traer inversión extranjera a Venezuela para después repatriar los capitales y llevarse las divisas, tienen que desarrollar actividad productiva y con transferencia tecnológica, para que le dejen algún beneficio al país, porque no puede ser que vengan al país, utilicen las mentes del país y que luego esos capitales se vayan y no quede nada sino el cansancio de sus trabajadores”, subrayó.
Asimismo, recalcó que la Ley de Sistema de Calidad Venezolano se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de la industria nacional, debido a las exigencias que enmarca para la elaboración de un producto, ya que “están elaboradas para favorecer al sistema capitalista y sus empresas”.
“Tal como está planteada representa un obstáculo a la producción, porque posee estándares muy exigentes para cuando se quiere desarrollar una industria no se puede partir de estándares tan exigentes, sobretodo aquellos que son elaborados en otros países donde hay diferentes condiciones. Entonces no se puede pretender que una empresa nacional que está comenzando pueda cumplir con esto, además que estos estándares se hacen con una intención y una de ellas es impedir el desarrollo de la economía social”, detalló.
Al respecto, agregó que muchas de las normas de etiquetados están dirigidas a restringir el acceso a los mercados y no a proteger a los consumidores y su salud, por lo cual “debemos desarrollar nuestros propios estándares, donde el valor de uso prevalezca sobre el valor de cambio”.
En referencia a la Ley de Propiedad Industrial, recordó que las patentes dificultan la producción de medicinas, afectando a la población y favoreciendo a las grandes transnacionales del sector.
Por otra parte, Samán adelantó que el despacho que dirige estudia la posibilidad de solicitar medidas de salvaguarda para sectores estratégicos de la industria nacional que se ven afectados por las importaciones de los rubros que producen.
“Debemos proteger la industria nacional de las importaciones en sectores como calzado, plástico, papel, entre otros, y para ello debemos impulsar medidas de salvaguarda que están contempladas en la Organización Mundial del Comercio”, adelantó.
Samán adelantó que se estudia crear la Ley Antimonopolio, así como modificar la Ley de Procompetencia, la Ley del Sistema de Calidad Venezolano y la Ley de Propiedad Industrial, el Reglamento del régimen Común del Tratamiento de Capitales Extranjeros Sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como la Ley Promoción y Protección de Inversiones.
Al respecto, explicó que dentro del proyecto de Ley Antimonopolio se prevé insertar la prohibición de la concentración del capital por parte de las empresas como eje central de la reforma estructural de este instrumento jurídico.
“El proyecto de Ley Antimonopolio debe ir dirigida a impedir la concentración del capital, porque el paso del capitalismo burgués al imperialismo se caracteriza por una alta concentración del capital y eso lo vemos cuando el comercio de los alimentos en el mundo lo manejan 40 empresas en el mundo”, explicó.
En torno a la Ley de Procompetencia, el ministro sostuvo que se debe llevar a cabo una reforma profunda para adecuar este organismo a la realidad venezolana y potenciarlo jurídicamente para que pueda encabezar la lucha contra los monopolios y oligopolios presentes en el país.
De igual manera, precisó que la reforma a las leyes y reglamentos que rigen la inversión extranjera deben estar dirigidos a garantizar que las empresas que deseen invertir realicen la inversión productiva con transferencia tecnológica.
“Si van a traer inversión extranjera a Venezuela para después repatriar los capitales y llevarse las divisas, tienen que desarrollar actividad productiva y con transferencia tecnológica, para que le dejen algún beneficio al país, porque no puede ser que vengan al país, utilicen las mentes del país y que luego esos capitales se vayan y no quede nada sino el cansancio de sus trabajadores”, subrayó.
Asimismo, recalcó que la Ley de Sistema de Calidad Venezolano se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de la industria nacional, debido a las exigencias que enmarca para la elaboración de un producto, ya que “están elaboradas para favorecer al sistema capitalista y sus empresas”.
“Tal como está planteada representa un obstáculo a la producción, porque posee estándares muy exigentes para cuando se quiere desarrollar una industria no se puede partir de estándares tan exigentes, sobretodo aquellos que son elaborados en otros países donde hay diferentes condiciones. Entonces no se puede pretender que una empresa nacional que está comenzando pueda cumplir con esto, además que estos estándares se hacen con una intención y una de ellas es impedir el desarrollo de la economía social”, detalló.
Al respecto, agregó que muchas de las normas de etiquetados están dirigidas a restringir el acceso a los mercados y no a proteger a los consumidores y su salud, por lo cual “debemos desarrollar nuestros propios estándares, donde el valor de uso prevalezca sobre el valor de cambio”.
En referencia a la Ley de Propiedad Industrial, recordó que las patentes dificultan la producción de medicinas, afectando a la población y favoreciendo a las grandes transnacionales del sector.
Por otra parte, Samán adelantó que el despacho que dirige estudia la posibilidad de solicitar medidas de salvaguarda para sectores estratégicos de la industria nacional que se ven afectados por las importaciones de los rubros que producen.
“Debemos proteger la industria nacional de las importaciones en sectores como calzado, plástico, papel, entre otros, y para ello debemos impulsar medidas de salvaguarda que están contempladas en la Organización Mundial del Comercio”, adelantó.
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