El presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, advirtió que es ilegal condicionar la protocolización de ventas de viviendas al pago del IPC, pues no es lícito cobrar más del precio fijado inicialmente, cuando se comenzaron las cancelaciones de la cuota inicial.El parlamentario respondió así a una serie de denuncias que ha recibido sobre el cobro al momento de firmar un "Addendum", que en términos jurídicos es una enmienda que se le hace al contrato ya suscrito por las partes.
"En este anexo incluyen que se aceptan los pagos adicionales que se impusieron por ajuste inflacionario. Coaccionan a los ciudadanos para que acepten en un documento estas condiciones, a sabiendas de que las mismas violan la Resolución 110 del 8 de junio de 2009, emanada del Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, que regula la materia".
El diputado señaló que aún cuando se disfrace el concepto por tasa y lo expresan en Unidades Tributarias, sigue siendo una práctica prohibida en las leyes venezolanas, por su carácter pernicioso, según reseña una nota de prensa.
"Es importante que las personas sepan que cuando se decide adquirir la vivienda en plano o en proceso de edificación, el monto a erogar debe estar claramente definido. Esto le sirve al comprador para hacer sus previsiones y determinar si el inmueble está al alcance de su capacidad de pago. Por eso, no se puede permitir que el constructor, arbitraria y unilateralmente, aumente la deuda, de acuerdo a un factor incierto, como el incremento de los precios al consumidor".
Rodríguez destacó que muchos compradores han optado por pagar la indemnización inflacionaria, porque los amenazan que si no lo hacen no firmarán los papeles de propiedad del inmueble, cuyos pagos han cumplido de manera responsable. La mayoría de las veces son intimidados por el consultor jurídico de la empresa, que hace una interpretación torcida de la normativa legal, para estafar a sus clientes.
"La persona debe negarse a acceder a los chantajes del empresario. En los casos en los que el constructor venda el inmueble a otro cliente, las autoridades lo van a obligar a que le entregue otra vivienda, de iguales características, al comprador inicial. Ya se ha vivido esta experiencia en el oriente de la nación".
Hizo un llamado a las familias que han resultado perjudicadas por la aplicación de esta corrección monetaria, para que acudan con su denuncia a la Asamblea Nacional, al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) o al Ministerio para las Obras Públicas y Vivienda, con el objetivo de que estas instituciones intermedien para contrarrestar la práctica usurera.
Aseveró que es preciso tener perseverancia en esta lucha, pues el que adquiere la casa o el apartamento es generalmente el débil jurídico. Con frecuencia resulta engorroso lograr que el constructor desista del cobro indebido de este ajuste o que devuelva el dinero, porque primero hay que agotar las vías conciliatorias. Pero la única manera de salir airosos de esta batalla es con la persistencia.
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