El reclamo de un grupo de aproximadamente 300 personas contra la empresa DMG en Venezuela para recuperar el capital que invirtieron con la promesa de altos intereses pasará a la Fiscalía General de la República, indicó el presidente del Indepabis, Eduardo Samán.Ese fue el resultado de la audiencia celebrada en la sede del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis) con la presencia de un grupo de 70 personas en representación de quienes reclaman les sea devuelto el dinero entregado a la compañía DMG y abogados actuando a nombre de la empresa.
El grupo de defensores de la compañía, explicó el abogado Eunio España, fue contactado por los propietarios de la operación local de DMG a través de llamadas telefónicas desde Colombia hace dos días, pero no fueron autorizados para actuar como apoderados de la compañía en el país. Es por ello que la audiencia con ambas partes convocada por Indepabis resultó nula.
Durante la audiencia se estableció que el capital pagado de la empresa en el país es de 200 mil bolívares fuertes, por lo que cualquier reclamo o demanda sólo alcanzaría hasta ese monto. Eduardo Samán también indicó que lo más probable es que el dinero captado por DMG ya se encuentre fuera del país y corresponderá al Ministerio Público encontrar los mecanismos para recuperarlo y que sea devuelto a quienes invirtieron.
La máxima autoridad del Indepabis informó que DMG no cuenta con bienes en el país y que la quinta en la que operaba era alquilada. Asimismo, dio a conocer que la entidad no cuenta con autorización alguna de parte de la Superintendencia de Bancos para la emisión de tarjetas prepagadas en Venezuela.
José Díaz, una de las personas que reclama la devolución de su capital a DMG, indicó que invirtió 2.000 bolívares fuertes y recibió a cambio unas tarjetas prepago, junto con la promesa de que se le cancelarían intereses de 100% semestral. Más adelante, asegura, le habrían ofrecido un retorno de hasta 120%. Díaz acudió a la audiencia en busca de respuestas luego que se conoció la intervención de la comercializadora por parte de Indepabis.
Haley Carvajal, otra de las afectadas por la situación, salió en defensa de DMG y aseguró que los problemas que enfrenta en Colombia son de tinte político y por ello resultaron afectadas las operaciones en Venezuela. Carvajal, al igual que Luis Guillermo Escobar, quien intervino durante la audiencia, pide que se autorice a la empresa a continuar operando en el país.
Ambos afirmaron extraoficialmente que el gobierno de Uribe habría llegado a un acuerdo con el fundador de DMG, David Murcia Guzmán, para dejarlo en libertad y encontrar vías para resarcir a los afectados.
Murcia se encuentra detenido en Colombia tras ser captura en Panamá y acusado por presunta estafa.En la audiencia se estableció también que la empresa debe reconocer los derechos de sus empleados en el país y cancelar todas las deudas pendientes.
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