La reciente visita a Venezuela de los delegados
de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
contó con el apoyo técnico del lnstituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin)
y de la dirigencia sindical para investigar las denuncias existentes contra el
gobierno de Nicolás Maduro por violación a convenios internacionales.
Los miembros, que estuvieron en el país entre
el 8 y 12 de julio, ahora deben presentar un informe que refleje la realidad de
la situación de los trabajadores.
Estas son las declaraciones ofrecidas por León
Arismendi, director general del Inaesin, a propósito del trabajo de los
integrantes de la Comisión de Encuesta en Venezuela:
Hasta el viernes 12 de julio estuvieron
en nuestro país los miembros de la Comisión de Encuesta designada por la OIT
para investigar las graves denuncias que cursan por ante dicha organización
contra el gobierno nacional por violación de los convenios 87 sobre libertad
sindical; 26, relativo a la fijación del salario mínimo y, 144, relativo a la
consulta tripartita.
Desde que el presidente Hugo
Chávez –hoy fallecido- anunció que demolería a la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV), las prácticas antisindicales y la hostilidad hacia el
movimiento sindical autónomo e independiente no han cesado.
En la propia Constitución se
contraviene el Convenio 87 al atribuirle competencia al Consejo Nacional
Electoral para organizar las elecciones sindicales. Esa intervención estatal en
lugar de facilitar los procesos electorales los dificulta e imposibilita.
La única central sindical que
realizó un proceso electoral fue la CTV en 2001 y para colmo, el CNE las anuló.
La oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), fundada
en 2011, jamás ha hecho elecciones. Sin embargo, a estos no se les aplica la
llamada “mora electoral” con la que se castiga a los demás dirigentes
sindicales, impidiéndoles participar en negociaciones y conflictos colectivos
desde el momento en que concluye el periodo para el cual fueron electos.
Otra variante de las prácticas
antisindicales es la criminalización de las protestas laborales. Se persigue,
agrede y encarcela a los dirigentes sindicales por defender y exigir los
derechos de los trabajadores. Es la segunda vez que Rubén González, secretario
general del Sindicato de Ferrominera, es encarcelado. En esta ocasión en La
Pica, sometido a un juicio militar, por participar en acciones sindicales.
También están sometido a juicio otros dirigentes sindicales de Guayana.
Estos hechos fueron
denunciados y probados por dirigentes sindicales ante la Comisión de Encuesta. Así
mismo, se hizo énfasis en la violación del convenio número 26, pues el gobierno
nacional eliminó de la ley el dialogo tripartito como mecanismo idóneo para
establecer el salario mínimo, armonizando los intereses de trabajadores,
patronos y gobierno. En su defecto, impera la imposición unilateral y
arbitraria de lo que el gobierno decida. El resultado está a la vista: los
salarios no alcanzan para nada.
Desde el Inaesin valoramos la
actuación unitaria del movimiento sindical y en particular la amplitud de la
CTV en facilitar la participación de dirigentes sindicales de distintas
tendencias, agraviados por el gobierno. Así mismo, expresamos nuestro
reconocimiento a la independencia y objetividad con la que hemos visto actuar a
los miembros de la Comisión de Encuesta de la OIT. Confiamos en que de manera
objetiva e imparcial presentarán un informe que reflejará la lamentable
situación en la que se encuentran los trabajadores por la pérdida del valor del
trabajo y la destrucción del empleo productivo.
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