"La economía
venezolana en su forma más amplia está pasando por un proceso de severa
contracción en combinación con una altísima inflación. La consecuencia de esto
es el empobrecimiento del ciudadano. Con una actividad económica reducida, cada
vez hay menos puestos de trabajo, se producen menos bienes que a la vez tienen
precios más altos y por tanto, los consumidores dejan de tener capacidad de
compra. Si no hay demanda de bienes, las pocas fábricas que quedan operativas
tienen que ir disminuyendo su producción. Y esto genera una círculo vicioso
dramático".
Así lo señaló Juan
Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales,
Conindustria, al ser consultado en torno al impacto de los incrementos
salariales decretados por el gobierno sobre la industria nacional.
El máximo dirigente
del sector industrial explicó que en una situación de altísima inflación como
la que está viviendo el país, este tipo de ajustes no representan ningún
beneficio para el trabajador. De hecho, señaló que si se compara el ingreso
real (salario mínimo más bono de alimentación) de enero 2016 con el de enero
2017 la caída es de 44,36%. Es decir, la población que recibe esta remuneración
no tiene capacidad adquisitiva. "Esta pérdida del poder de compra hace que sea
inviable producir en Venezuela".
Olalquiaga insistió
en que las causas de la actual contracción económica en Venezuela son
estructurales; son consecuencia de políticas públicas que han destruido
sistemáticamente la capacidad de fabricación local haciendo al país dependiente
de la importación de productos terminados, los cuales se pudieron pagar cuando
los precios y el volumen de exportación del petróleo nacional eran altos. Hoy
en día, el gobierno no cuenta con suficientes divisas para importar y las
empresas privadas no tienen acceso a materias primas importadas y tampoco a las
nacionales. Esto hace que la producción de bienes en Venezuela sea cada vez más
difícil y los costos se incrementen. Y difícilmente estos costos se pueden
reflejar en los productos debido a una Ley de Precios Justos que obliga a
vender a pérdida en muchos casos o con escasa rentabilidad.
A esto hay que
agregar un manejo de la política monetaria improvisado y desordenado, ausencia
absoluta de estímulo a las inversiones, fuga de personal calificado hacia otros
países, obsolescencia de equipos y maquinarias, entre otras cosas.
En esas condiciones
de contracción de la economía, la industria ha permanecido durante los años
2014, 2015, 2016 y arranca el 2017. "Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad
de que las empresas incrementen sus volúmenes de producción y puedan crear
nuevos puestos de trabajo".
Por otra parte, el
presidente de Conindustria recalcó que además de la crisis económica, existe
una crisis política que destruye el entorno social del país. La suspensión de
los procesos electorales, la no autonomía de los poderes y el desconocimiento
de la necesaria independencia de la Asamblea Nacional, conforman una situación
de caos institucional que debe ser resuelto a la brevedad posible.
Olalquiaga
considera que, para superar este círculo dramático que está afectando
significativamente la calidad de vida de la población, es urgente que se
produzca un cambio político que permita implementar nuevos programas que
propicien un proceso de reconstrucción nacional de forma inmediata, tanto en lo
social como en lo económico.
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