El
Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) rechaza en nombre
de sus afiliados y del sector terciario formal la pretensión gubernamental de
centralizar la distribución de los pocos alimentos que se pueden producir o
procesar en el país.
Para el
máximo organismo gremial de los comerciantes y expendedores de servicios, es
evidente que la medida sólo responde a fines políticos y no sociales.
Además,
sin logística ni organización gerencial capaz de administrar dicha poca
disponibilidad de alimentos con un mínimo de eficiencia, dicha canalización no
impedirá que el sistema termine convirtiéndose en un empeoramiento de la
escasez, y en un afianzamiento de la corrupción.
El
empeoramiento estará dado por una canalización y entrega de los productos de manera
discrecional, a capricho de los funcionarios. Y, desde luego, por una
ampliación del mercado negro y del llamado “bachaqueo”. Todo en el medio de una
mínima oferta de alimentos que administrarán los Comités Locales de Abastecimiento
y Producción (Clap), y de unas supuestas Comunas influidas o conducidas por los
llamados “colectivos”.
El Gobierno
que hoy pretende concentrar la distribución de alimentos en todo el país, es el mismo que viene de
fracasar con el manejo de sus redes mercal, pdval y bicentenario.
Indistintamente de que para ocultarlo, ahora quiera convencer a los
consumidores de que todo lo harán las juntas comunales y las comunas.
Históricamente,
los consumidores venezolanos nunca tuvieron dificultades para hacer las compras
de alimentos en el comercio formal. Y los problemas para hacerlo comenzaron
cuando se expropiaron los terrenos productivos, las industrias procesadoras, y
se impusieron los controles de cambio y de precios para debilitar a la empresa
privada del país.
La
consecuencia de ese erróneo procedimiento ha sido la escasez y el desestímulo a
la inversión privada. Además, 30 millones de consumidores en la calle que no
saben en dónde comprar, cuándo hacerlo, ni a qué precio, en vista de que la
inflación ha sido institucionalizada en el país por el Poder Ejecutivo y el
Banco Central de Venezuela, para mantener el funcionamiento de un macroestado
manirroto, derrochador e inauditable.
Consecomercio
rechaza la pretensión centralizadora gubernamental de la distribución de
alimentos. También deplora que ante la exigencia de los consumidores de que se
les permita satisfacer su necesidad alimenticia, como lo consagra la vigente
Constitución del país, la respuesta gubernamental sea, antes que una solución,
la de la agresión y la represión.
Mientras
que las autoridades actúan de esa manera, los saqueos por necesidad y
vandalismo siguen expandiéndose, provocando destrucción en el comercio formal, y
condenando a los consumidores a ir de un lugar a otro en procura de alimentos
que no se producen en el país, ni se importan en las cantidades y calidad que
demandan los consumidores venezolanos. Todo asociado, además, a las peripecias
que se hacen alrededor de un sistema cambiario que lo distinguen su destrucción
devaluacionista y su opacidad administrativa.
Para el
Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, es hora de soluciones en materia
de abastecimiento de alimentos. Eso pasa por la aceptación de que no habrá
abastecimiento, mientras no haya un diálogo productivo entre los llamados a solucionar
dicho serio y grave problema: las autoridades, la empresa privada y los
trabajadores.
Y, por
otra parte, se admita que sólo el libre
emprendimiento y el libre mercado, como sucede en el resto de los países del
Continente, harán posible que la oferta dependa de quienes acometen los riesgos
económicos, no del capricho burocrático del momento. Un capricho dirigido y empeñado
en controlar y someter a la ciudadanía, antes que en garantizarle alimentos,
medicinas, seguridad, y condiciones para vivir digna y decentemente.
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