CONSECOMERCIO: DE CREER EN LA EXISTENCIA DE UNA EMERGENCIA ECONÓMICA, EL GOBIERNO ESTARÍA ACTUANDO CONTRA SUS CAUSAS
Para las Cámaras de
Comercio y las Asociaciones mixtas de Comercio y Producción afiliadas al
Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) en todo el país,
el contenido del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica
demuestra que el Gobierno no cree en la llamada Emergencia Económica, porque,
de hacerlo, se estaría ocupando de atacar sus causas, indistintamente del costo
político que le implicaría asumir semejante acto de seria responsabilidad
gubernamental.
El máximo organismo gremial
del sector terciario y sus afiliados considera que al Ejecutivo le basta con crear sus Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y condenar a 30 millones de
consumidores a sobrevivir en una economía de guerra, sin que el país,
afortunadamente, haya pasado –o esté pasando- por una guerra.
La unidad del empresariado.-
El empresariado formal y
organizado del país, representado en Fedecámaras y los Consejos sectoriales,
como son Conindustria, Fedeagro, Fedenaga, Conseturismo, además de los
organismos gremiales del emprendimiento inmobiliario y la construcción, entre
otros, ya han expuesto sus puntos de vista sobre el citado Decreto. Sus opiniones
son coincidentes. Es decir, nada garantiza que a la vuelta de los venideros
sesenta días, la economía venezolana habrá superado uno solo de sus obstáculos,
ni la empresa privada estará en mejores condiciones para producir y servirle a
los venezolanos.
Consecomercio se suma a esas
opiniones empresariales, las cuales se pueden compendiar en dos razonamientos
generales: el contenido de dicho Decreto no refleja lo que el país necesita
para superar todas y cada una de las crisis que vive actualmente: económica,
social, política, cultural y moral. Y, adicionalmente, erosiona, aún más, las necesarias condiciones de convivencia institucional
de las que depende la Nación para, precisamente, atacar las causas de esas
crisis apelándose a las opciones y derechos que garantiza la vigente Constitución,
en un ambiente de paz, de armonía y democráticamente.
Mancomunadamente, como
ciudadanos, emprendedores y tan dolientes del país como aquellos que gobiernan,
la dirigencia empresarial, además, coincide en que a la vez que se amenaza y se
insiste en desacreditar a productores e importadores, por igual, a los jefes de
hogar, sean hombres o mujeres, de las barriadas o de los centros residenciales,
se les niega el derecho constitucional a reclamar respuestas y soluciones a sus
necesidades insatisfechas. A los
primeros por demandar la venta de divisas o pago de deudas internacionales contraídas
para incrementar la oferta de bienes y servicios; a los segundos, por querer llevar
comida o medicinas a sus hogares.
El Consejo Nacional del
Comercio y los Servicios considera que lo que ya sucedió durante los primeros
dos meses de la Emergencia Económica, es lo que se perfila que va a suceder
hasta los inicios del Segundo Semestre del 2016: la población seguirá
recibiendo promesas de medidas y soluciones que no las habrá. Tampoco se
solucionarán el desabastecimiento de medicinas, alimentos, de repuestos, ni
habrá servicios públicos de calidad en electricidad, agua, gas, seguridad y
educación, por citar algunos casos.
Y todo será así porque en
Venezuela las soluciones que se requieren para derrotar cada una de las crisis,
jamás aparecerán como el producto de actos milagrosos. También mucho menos de
acciones unilaterales que, de entrada, desestiman el rol determinante de la
necesaria voluntad política; de la participación activa y protagónica de la
empresa privada; del aporte y participación de los trabajadores y de la propia
población consumidora, hoy agobiada por la inflación y la obligación de
financiar con su empobrecimiento el desorden administrativo y corrompido que
reina en el Estado venezolano.
Sólo bastaría con recordar,
adicionalmente, en qué se han traducido las decretadas emergencias en los casos
del comercio fronterizo y del racionamiento del servicio eléctrico. Cada estado
fronterizo, con sus centenares de miles de habitantes, registra en su sistema
de vida la verdadera descripción de en qué se ha traducido su forzoso sacrificio. En la parte eléctrica, ya no sólo
es el comercio y los expendedores de servicios los que tienen su
cuantificación. Es también la golpeada y semidestruida economía de los estados
en donde viven entre apagones y relumbrones.
Mientras tanto, ante ambos
casos es la economía del país la que lo registra todo en injustificados e injustos
y costosos números duros.
Del abastecimiento a la distribución.-
EL Consejo Nacional del
Comercio y los Servicios, siempre en nombre de sus organismos gremiales
afiliados, en este ambiente efectista de anuncios y de promesas, como de
campañas propagandísticas dirigidas a evitar asumir la responsabilidad de
errores y a distraer la atención colectiva de la urgencia de impedir que este
cuadro de macroproblemas se eternice, por otra parte, rechaza la deliberada
intención de atribuirle al comercio formal la responsabilidad de ser el promotor
y hasta financista del llamado “bachaqueo”.
El “bachaqueo” es una
variable del comercio informal que nació en Venezuela con la escasez, y que lo
activan y sustentan quienes tienen acceso directo y organizado a los que
durante los últimos diez años decidieron qué se puede producir e importar en el
país, y cuál debe ser la renta a que tienen derecho los que emprenden y
acometen el riesgo de financiar y de producir.
Nadie debe olvidar que, en
Venezuela, la economía es una actividad intervenida totalmente por el Estado, y
que es el Gobierno quien se favorece libre y discrecionalmente de dicha
potestad. Bastaría con suponer qué sucedería si, además, la distribución de
todo lo que aún se produce en el territorio pasara a depender exclusivamente
del Estado.
Ese mismo Gobierno que ha
fracasado rotundamente en la comercialización de productos básicos importados o
de fabricación nacional, y que insiste en que aquí no hay problemas de
producción, sino de distribución, ¿puede garantizar ahora que será exitoso al frente del funcionamiento de la
modalidad de Comités Locales de Abastecimiento y de Producción (Clap)? ¿En cuánto tiempo y con qué productos va a
hacer posible que con dicho sistema concebido para particularizar
clientelarmente la venta de alimentos y de otros bienes con la participación de
figuras comunales y de grupos conocidos como colectivos, van a ser atendido 30
millones de consumidores?.
Por otra parte, si cree que
lo alcanzará en breve tiempo, ¿por qué necesita
dejar al comercio formal a merced
de la acusación de funcionarios, como de la violencia que provoca el hambre y el
saqueo no siempre espontáneo que se multiplica a diario?.
El 0bservatorio Venezolano
de la Conflictividad Social acaba de informar que en lo que va del 2016, en el
país se han producido 350 actos violentos por falta de comida. Además, que los
ciudadanos que hacen largas colas y por muchas horas, al no encontrar los
alimentos que necesitan llevar a sus hogares, están pasando de la impotencia a
la violencia, porque, sencillamente, están perdiendo la paciencia.
Consecomercio, que registró
con dolor, impotencia e incredulidad lo que sucedió con centenares de
establecimientos comerciales durante el llamado “caracazo”, llama la atención a
las autoridades sobre la necesidad de impedir que al sector terciario, una vez
más, se le siga identificado como responsable y culpable de situaciones
relacionadas con el abastecimiento de bienes inexistentes –o que no mercadea-,
y que lo están convirtiendo en objeto de destrozos de locales, como de unidades
de transporte.
Lo que corresponde, por
supuesto, es que las autoridades impidan los saqueos de transportes o de
locales, la destrucción de instalaciones y el riesgo de vidas. Todo lo cual, en
ciertos casos, ha sucedido en presencia de los llamados a evitarlo.
Cuando se extraen por la
fuerza de los locales comerciales mobiliarios y otros bienes, además de
equipamientos eléctricos, y se pone en riesgo la vida de accionistas y
trabajadores, lo más probable es que dicho establecimiento no pueda recuperarse
y reabrir. Y lo peor es que, como en muchos otros, también en estos casos el
consumidor es el gran afectado.
Para Consecomercio y sus
afiliados, el cuadro de problemas al que se enfrenta la nación, exige
soluciones. No más dilaciones en el medio de Decretos que, a corto plazo, por
ineficientes, obligan a aprobar más Decretos. El país ya no resiste más.
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