CONSECOMERCIO: GOBIERNO PROPICIA SIN RAZÓN QUIEBRA EN MASA DE PEQUEÑOS COMERCIOS Y EMPRESAS DE SERVICIOS
La administración
de la Ley de Precios Justos se ha convertido en una especie de acción
discrecional de “tierra arrasada” en contra de los comerciantes y expendedores
de servicios a nivel nacional.
Dicho
procedimiento se está siguiendo a partir del desconocimiento del estado de
derecho, cuando los empresarios no son atendidos ni respetados al presentar
pruebas y facturas que demuestran estar actuando apegados a la ley, mientras
que los bienes objeto de inspecciones se les fijan precios a capricho por
debajo de los costos de compra, y se obliga a venderlos de acuerdo a la
voluntad de inspectores o fiscales, porque, supuestamente, así lo determina la
Ley.
Para el Consejo
Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), no sólo es injusto que
se apele a una norma administrada con fines ajenos a esa misma norma, para
convertir a modestos empresarios en supuestos delincuentes sin serlo, y
propiciar un mayor sufrimiento general a los consumidores de todo el país.
Con la eventual
desaparición en masa de pequeños comercios, al no poder afrontar las
obligaciones de pago con proveedores y entes financieros, como consecuencia de
las medidas de comiso o ventas “a precios de fiscalziación”, los consumidores
deben estar conscientes que sus opciones
de compra de lo que puedan conseguir, poco a poco, tampoco será haciendo colas,
sino negociando con verdaderas mafias que han ido promoviendo “mercados negros”,
a precios de oportunidad, en un país en el que los niveles de escasez de
productos básicos superan el 70%.
Consecomercio
insta al Ejecutivo a detener la violencia fiscalizadora que se ha seguido hasta
ahora, y le exhorta a emplear la misma vehemencia que emplea para buscar
inventarios en donde no existen, y a forzar la venta de bienes decomisados a
precios realmente artificiales, a favor de la urgencia de producir en todo el
país con la participación de la empresa privada.
Si la dedicación
gubernamental de hoy se orientara a lograr la reactivación progresiva de la
producción agropecuaria, como a la reactivación de las industrias que hoy están
paralizadas por la carencia de insumos, materias primas y repuestos, nadie
duda, entonces, que habrá capacidad de atender a los millones de consumidores
que dedican horas y horas a tratar de conseguir bienes inexistentes.
Por otra parte,
si con la misma devoción y seriedad que se honra las deudas soberanas de la
nación se atienden la liquidación de
divisas a la empresa privada y se cancelan las obligaciones internacionales
adquiridas por ésta, obedeciendo a compromisos autorizados por el Gobierno, se
impedirá que haya más industrias paradas y en vías de cierre definitivo.
Para
Consecomercio, lo que realmente necesita con urgencia la economía venezolana y
la crisis integral que exhibe, son soluciones reales, estructurales. No
arremetidas programadas ni efectistas en contra de aquellos ciudadanos que aún
tienen el coraje de mantener abiertas sus empresas.
Ellos, los
afectados, no reclaman tratos que les privilegien. Sólo demandan que les
permitan trabajar. Hacerlo con base en el ejercicio de los derechos que les consagra
la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para
contribuir con la generación de riqueza, de empleos productivos y bienestar
social.
El país requiere
voluntad de servicio a favor de su transformación, y eso sólo es posible sin
controles, restricciones a la libertad de emprender y trabajar.
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