La escasez de productos esenciales y la elevada
inflación que agobia a los venezolanos no es otra cosa que el producto de las
desacertadas políticas que ha venido aplicando el gobierno nacional en materia
económica. Y la única manera de solucionar este problema es que el Ejecutivo
tome los correctivos necesarios y de manera urgente, mediante la aplicación de
una política económica que corrija todas estas distorsiones que mantienen en
zozobra a la ciudadanía y genere confianza para realizar las inversiones
necesarias para incrementar la producción nacional.
La Confederación Venezolana de Industriales,
CONINDUSTRIA, organismo que representa al 90% de la industria nacional, advierte
que este fenómeno no es nuevo, sólo que se ha profundizado en las últimas
semanas como consecuencia de la falta de decisiones por parte del gobierno
nacional. Desde hace unos dos años, Conindustria ha venido señalando
reiteradamente que era impostergable un cambio en el modelo económico que se ha
venido aplicando en el país, caracterizado por controles de cambio, de precios,
expropiaciones, normativas laborales que afectan la productividad, incremento
de tributos fiscales y parafiscales, excesivas fiscalizaciones y una
incertidumbre jurídica que –lejos de incentivar el incremento de la producción-
ha llevado a la disminución de la producción en la industria manufacturera e
incluso, generó el cierre o desaparición de empresas.
De hecho, las dos últimas encuestas de Coyuntura
Industrial de Conindustria del 2014 revelaron una disminución alarmante en los
niveles de inventario de las empresas, situación que se produjo como
consecuencia de la dificultad en el acceso a las materias primas,
fundamentalmente producidas por empresas del gobierno (acero, cemento, energía,
aluminio, petroquímica, etc.) y las divisas necesarias para la adquisición de
materias primas, insumos, repuestos y maquinarias.
Asimismo, dichas encuestas confirmaron una
tendencia negativa en el comportamiento del sector industrial venezolano, lo
cual se evidencia en que para el tercer trimestre del año la capacidad
utilizada del sector se ubicó en 48,67%, a pesar de que muchos sectores están
trabajando al tope de la capacidad que le permiten los insumos disponibles.
Además de la falta de divisas y el aumento de
la deuda de los industriales con sus proveedores, hay otros problemas como la
Ley Orgánica del Trabajo, que impide la creación de nuevos empleos y no permite
la sustitución de trabajadores que no cumplen con sus obligaciones laborales, por
personal que sí asume su compromiso con la producción como lo hace la mayoría
de los trabajadores.
Adicionalmente, la Ley de Precios Justos se ha
convertido en una traba más para el abastecimiento por cuanto el gobierno
obliga a vender los productos por debajo del costo de producción y ha mantenido
controles de precios durante años sin tomar en cuenta la inflación existente en
el país.
Esta política, mal llamada de “precios justos”,
ha incentivado la aparición de
revendedores, así como el contrabando de extracción. Esto ha agravado las largas
colas de personas en los supermercados, abastos, farmacias y otros expendios de
bienes esenciales, lo que perjudica sensiblemente a las amas de casas y demás
ciudadanos que se ven obligados a permanecer durante horas para satisfacer sus
necesidades básicas en estos centros de abastecimiento.
A todo esto se suman las graves fallas energéticas en muchas
partes del país que comprometen la producción y la inversión; y la falta de
seguridad que incrementa costos y pone en peligro la vida de trabajadores y
empresarios.
A pesar de todo esto, el gobierno ha venido
postergando inexplicablemente la toma de decisiones que permita corregir el
rumbo de la economía. Hemos señalado insistentemente durante los últimos años
que el modelo económico socialista
fracasó. Las consecuencias de estos controles están a la vista de todos.
Por eso, hoy proponemos que, de forma responsable, el gobierno adopte medidas
que permitan reactivar la producción nacional para abastecer el mercado y
generar empleos en el país.
Pero no basta con medidas puntuales como
ajustes cambiarios. El país requiere de un cambio estructural profundo que permita
reactivar la economía, que auspicie el crecimiento de la producción para que
los ciudadanos puedan recuperar el bienestar, la paz y la confianza, y que puedan adquirir los bienes y servicios que necesitan sin tener
que abandonar sus trabajos o su familia porque tienen que hacer horas y horas
de colas.
La industria nacional siempre ha estado
dispuesta a aportar soluciones. En los Congresos
de Conindustria de 2013 y de 2014 se planteó una Visión Venezuela Industrial 2025, donde están formuladas una serie
de propuestas para desarrollar la economía e impulsar la producción nacional,
lo que permitiría abastecer el mercado local y generar excedentes para la
exportación. Ese documento público fue entregado a los funcionarios del alto gobierno
y aun esperamos respuestas.
Acabar con la escasez y la inflación, así como
devolver el bienestar, la paz y la confianza a los consumidores, necesariamente
requiere de respeto a la propiedad privada y
a la libre empresa, pues de esa manera habrá más producción y empleo. Reforzar la propiedad privada implica rechazar
las expropiaciones que no han incrementado la producción nacional y, por el
contrario, han contribuido a empeorar el abastecimiento. Solo así estaremos
frente a una economía capaz de enfrentar los retos del crecimiento y el
desarrollo que el país requiere. Los países con empresas privadas sólidas son
las que logran economías prósperas y estables.
Venezuela está exigiendo que el gobierno adopte
medidas urgentes que permitan restituir la capacidad productiva y devolverle a
la moneda nacional su capacidad de compra.
Una vez más los industriales, solicitamos un diálogo nacional en búsqueda de soluciones que incrementen la
producción nacional y mejoren el abastecimiento. Los industriales estamos para
producir más y mejor, ésa es nuestra misión. La del gobierno es ejecutar las
políticas adecuadas, de eso dependerá que el país retome la senda del
crecimiento.
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