El cerco tributario que ha tendido el gobierno nacional alrededor de las empresas venezolanas se ha convertido en una pesada carga que está incidiendo significativamente en lo que paga el consumidor. Así lo revela un estudio sobre los impuestos fiscales y parafiscales realizados por la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, el cual revela que por cada producto nacional que se vende en el mercado interno, el consumidor debe soportar una carga fiscal que oscila entre un 40 % y 60 %, del ingreso neto, dependiendo del sector, monto que va a engrosar las arcas del Estado.
De acuerdo con dicho estudio, actualmente las empresas venezolanas tienen que pagar 12% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), 34% por la Ley del Impuesto sobre la Renta; impuestos municipales (ISAE, inmobiliario, de publicidad y propaganda, vehículos y timbres fiscales); por contribuciones laborales: Seguro Social (9 al 11%), Régimen Prestacional de Empleo (2%), Inces (2%) y Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (2%).
Luego se agrega el impacto de otras leyes como la del Deporte (1 a 2% de los ingresos netos de las empresas); Ley Orgánica de Droga (1%); Normativa de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Lopcymat (0,75% al 10%) y Ley de Discapacidad; Ley de Contrataciones Públicas, compromiso de Responsabilidad Social (1 al 5% del contrato); Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (0,5 a 2%); pago de tasas portuarias y aranceles aduaneros.
Es por ello que el sector industrial ha reiterado que no se pueden comparar los precios de los productos importados de otros países como México, Colombia o Brasil, como pretende hacer el gobierno, por cuanto allá las empresas no tienen ese cerco tributario que encarece cada vez más los costos de producción y amenaza la operatividad de las empresas.
Pero en algunos casos, el porcentaje que va al Fisco llega hasta el 62,4% como ocurre con otras empresas que además tienen que pagar un 1% de sus ingresos como aporte a la Ley Orgánica del Turismo; o las empresas de telecomunicaciones que deben canelar 0,5% de sus ingresos a Conatel, 1% al Fondo de Servicio Universal y 0,5% al Fondo de Investigación y Desarrollo de las Comunicaciones, entre otros.
Lo peor es que la mayoría de estas cargas fiscales van al Estado pero no benefician al consumidor, que cada día vez más deteriorada su capacidad adquisitiva y su calidad de vida.
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