
El comunicado de Cedice señala que la medida es "indebida porque viola los derechos a la propiedad consagrados en nuestra Constitución. Ilegítima, porque aparentemente a esa compañía -que ciertamente confrontaba problemas operativos- se le negó de forma permanente el acceso a las divisas que le habrían permitido adquirir los repuestos necesarios para poner en funcionamiento los ferrys, que durante varios meses estuvieron parados porque las piezas de reposición no podían comprarse. Y es inconveniente porque el Gobierno -en el supuesto que cancele esa nueva expropiación- debería invertir esos recursos financieros en resolver algunos de los graves problemas del país".
Estima que la expropiación de Conferry aumenta la concentración del poder económico del Estado, en medio de un cuadro en el cual el sector público ha demostrado una enorme incompetencia para mejorar el funcionamiento de las empresas que embarga o, simplemente, confisca. "Los problemas operativos que presenten empresas particulares no se resuelven con la intervención arbitraria del Gobierno y los atropellos a la propiedad privada. Al Estado le corresponde crear y fomentar el ambiente propicio para que se de la competencia y se eleve la producción y la productividad. El Gobierno, en vez de cumplir con esta obligación fundamental, se dedica a cercar cada vez más la iniciativa particular", concluye el comunicado.
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