SEGÚN ANÁLISIS DE CEDICE-LIBERTAD: SOLUCIONES PRESENTADAS A LA CRISIS ELÉCTRICA, VIENEN POR VÍA DE LEY PARA CONTROLAR HÁBITOS DE CONSUMO

En plenaria de la Asamblea Nacional, realizada el martes 19 de julio, fue aprobado en primera discusión el proyecto de Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía, el cual, para solventar la crisis eléctrica actual, hace énfasis en el control de la demanda eléctrica.

Evidencia esta ley la motivación del sector gubernamental de solucionar el problema modificando patrones de consumo (demanda), justificando así los constantes cortes de energía, dejando de lado la falla de oferta (generación de energía eléctrica), producto de la falta de mantenimiento en la capacidad instalada y la ausencia de inversión en las infraestructuras existentes.

En análisis realizado por el Observatorio Económico Legislativo de CEDICE-Libertad, a propósito de este proyecto de Ley, se concluye la necesidad de la misma incluya normas que propicien el desarrollo de la oferta en el mediano y largo plazo, tomando en cuenta el crecimiento de la población y la actividad económica. No es posible considerar sólo la modificación de patrones de consumo como alternativa ante la crisis, cuando en Venezuela los usuarios ilegales o que no pagan por el consumo de energía eléctrica constituyen una proporción importante.

Tal y como se presentó el proyecto de Ley, se enfoca en el establecimiento de incentivos para disminuir el consumo –educar o concientizar al consumidor- y en la imposición de importantes sanciones con incrementos -entre 75% y 100%- para quienes incumplan los patrones establecidos. Pero es importante entender que las sanciones o multas están recayendo fundamentalmente sobre aquellos establecimientos que tienen medidores, es decir residencias e industrias a las cuales se les verifica su consumo; evidentemente, se excluyen a los consumidores ilegales que se conectan de manera clandestina al servicio eléctrico y como se señaló son componentes importantes de la Demanda Eléctrica.

Reitera CEDICE-Libertad, que una verdadera Ley, de todos y para todos, debe estar enmarcada en los principios de libertades económicas y derecho de propiedad. Se deben tomar acciones para ejecutar un plan que formalice la toma ilegal y desarrollar un programa de inversión de la infraestructura que apunte al crecimiento del aparato productivo. Igualmente, se debe apuntar por la educación de la población en materia de energía eléctrica y se debe evitar la creación de nuevas instituciones burocráticas.