
La medida está vigente en el país desde el año 2004, contenida en la Resolución Conjunta de los Ministerios de la Producción y el Comercio Nº 152 y de Infraestructura Nº 046 de fecha 18 de mayo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial 37.941.
Serán sancionados los arrendadores que infrinjan la ley o incurran en los delitos de especulación.
Aunque el Ejecutivo argumenta que el propósito de esta medida es garantizar el bienestar de la población en general y salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios, el sector inmobiliario insiste que se reducen las posibilidades de las personas a acceder a la opción de alquilar una vivienda.
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