NUEVA OLA DE EXPROPIACIONES CONSTITUYE UN ATAQUE A LA PROPIEDAD, VIOLA LA CONSTITUCIÓN Y GENERARÁ ESCASEZ Y DESEMPLEO EN EL PAÍS

Frente a las recientes amenazas del Vicepresidente de la República y del Ministro de Alimentación y a la política de expropiaciones que ha retomado el Gobierno, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) considera necesario y urgente dirigirse a la opinión pública, en nombre de nuestros afiliados, para expresar lo siguiente:

Rechazamos contundentemente estas nuevas amenazas de expropiación. Hemos sido testigo, junto a todos los venezolanos, de que este ataque a la propiedad privada en los últimos cinco años sólo ha traído más escasez, desempleo, inflación y reducción de la capacidad de compra de la población.

Las expropiaciones han dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una política de Estado, donde se actúa sin justificación y en muchos casos sin el debido proceso y sin la debida compensación garantizada en la Constitución y las leyes, convirtiéndose en meras confiscaciones ilegítimas del bien privado logrado con el esfuerzo y el trabajo de los venezolanos.

Primero la arremetida empezó por las tierras pues supuestamente estaban improductivas; después dijeron que era imperativo tomar aquellas empresas que estaban sin uso o quebradas para ponerlas a producir; luego argumentaron que había sectores estratégicos, o que tenían que pasar al Estado porque eran bienes tradicionales, o porque había contrabando, o porque hay que hacer viviendas o porque las empresas especulan.

Ahora, con la excusa del monopolio y oligopolio, se pretende expropiar a toda empresa que el Gobierno considere necesaria para su proyecto político, sin importar si la misma actúa apegada a las leyes, genera empleo, abastece el mercado y sin aplicar la Ley de Pro Competencia, que es la que rige la materia.

Sorprende cómo altos funcionarios del gobierno juzgan y califican de monopolio a empresas de cualquier sector, sin que exista un juicio previo ni se respeten los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes.

En el sector privado venezolano existen empresas que, gracias a su esfuerzo y apuesta por el país, han crecido, han cumplido con sus trabajadores y con la sociedad y se han mantenido a pesar de las dificultades para seguir ofreciendo productos de calidad a la población. Todo esto en un ambiente que castiga el éxito y es hostil a la iniciativa privada.

De seguir esta tendencia el verdadero monopolio que existiría en el país será el del Gobierno, quien fungiría como único oferente de bienes, servicios y empleo para la población.

Pareciera que, por la vía de hecho y en contra de lo establecido en la Constitución, se está implantando lo contemplado en las bases programáticas aprobadas en el Congreso Extraordinario del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), en abril de este año, donde se indica que aparte de la propiedad social, estadal y comunal sólo se garantiza la “propiedad personal consistente en el patrimonio personal y familiar, que no puede usarse para explotar el trabajo ajeno”.

No existe en el mundo ningún país que haya podido sobrevivir sin la existencia de un sector privado fuerte, generador de empleo y bienestar. Tampoco ha existido ningún Gobierno en el mundo que haya sido capaz de desplazar a la empresa privada sin generar pobreza, desempleo y escasez.

Por eso insistimos nuevamente, como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, en que la única fórmula para lograr salir de la crisis económica que vive actualmente el país, caracterizada por inflación, escasez, desempleo y caída en el consumo, es retomar una política de promoción de la iniciativa privada y de diálogo que permita al Gobierno y al Sector Privado trabajar juntos para generar empleo, bienestar y desarrollo para el país, tal como lo garantiza la Constitución y demás leyes vigentes. En ese sentido, hacemos un llamado a las autoridades para que juntos trabajemos para hacer esto posible.