
El informe de la OIT manifiesta la "profunda preocupación de los alegatos de actos de violencia contra dirigentes empleadores y sindicalistas, la criminalización de acciones sindicales legítimas, así como otras restricciones de las libertades públicas necesarias para el ejercicio de los derechos sindicales".
La Comisión también apuntó "a deficiencias graves en el diálogo social y al retraso desde hace años en la tramitación de reformas legislativas solicitadas" por la OIT, relativas "a las elecciones sindicales y diversas restricciones a los derechos de los trabajadores y de empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes", dijo AFP.
Al respecto, la OIT precisó que se refería tanto a la patronal como a los trabajadores, para que pudieran "elegir libremente sus dirigentes sin injerencia de las autoridades y al derecho de organizar sus actividades".
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