
Gómez Sigala dijo contar con documentos que demuestrna la cadena de titularidad de la propiedad desde 1808 y resaltó la existencia del documento de registro que da fe de la adquisición del terreno.
Aprovechó para criticar la política oficial que ha obligado a productores a incurrir en trámites de hasta Bs.F. 40.000 o 50.000 en busca de documentos de difícil acceso en todo el país para demostrar la titularidad de las tierras y como esto anula las funciones de los registros y notarías públicas, en su opinión.
De igual forma, denunció las irregularidades en su caso, tras procederse a su detención, y aseguró que se destruyó una gran cantidad de caña de azúcar la noche que la finca resultó intervenida. Subrayó de particular gravedad esto último en momentos en que ha aumentado el precio del azúcar y las importaciones se han incrementado hasta casi 60% del consumo interno.
El empresario dijo también que continuará su lucha con paciencia hasta obtener nuevamente sus propiedades, a las que tiene en estos momentos el acceso restringido, incluyendo su casa dentro de la finca y numerosas pertenencias.
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