
El representante del organismo considera que la medida impactará inmediatamente en los precios de las viviendas, en el que los constructores tendrán que incluir la inflación proyectada a futuro.
Se mostró partidario, sin embargo, de prohibir el cobro de IPC posterior a la fecha estimada de entrega de los inmuebles, tema por el cual la Asociación tiene una causa abierta ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Responsabilizó de igual manera al Gobierno por no resolver el déficit habitacional de dos millones de dunidades a pesar de los recursos manejados en diez años producto de los altos precios petroleros, e instó a la intervención del Banco Central de Venezuela para establecer fórmulas de cobro y porcentajes adecuados.
León Parilli dijo también a Globovisión que es necesario el diálogo entre el sector público y el privado para encontrar soluciones a esta problemática y evitar el enfrentamiento entre compradores y constructores.
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