El ministro de Vivienda y Hábitat, Francisco Sesto, anunció "una batalla en el plano de lo jurídico, incluso proponiendo nuevas leyes", para facilitar la construcción y el acceso de la vivienda, tanto para los sectores populares como para la clase media. Indicó que el "97% de la población tiene en este momento dificultades" para adquirir un inmueble, debido a los altos precios del bien en sí y a los costos de la construcción en general, y responsabilizó principalmente al sector privado del problema.
"Recordemos que hasta ahora el Estado no ha tenido suficiente capacidad por sí mismo para construir, sino que ha establecido distintos sistemas de alianza con el sector privado, que es en definitiva quien está construyendo".
A su juicio, los empresarios, que "licitan, gana esos concursos, y hacen las tareas de construcción, no han podido controlar o no han tenido interés en hacer un sistema que se autorregule en relación a los precios y a la posibilidad de que el pueblo tenga la capacidad de acceder a ese bien".
Notificó que tomando en cuenta que "el Estado está un poco desprotegido" en esa materia y que "el sector privado habla de establecer reglas de juego claras", la vía para dar solución al problema será regular.
Áreas en agenda
Uno de los primeros sectores en los que se trazarán reglas es el de "los insumos y componentes básicos", donde adelantó que "vienen normas, seguramente en forma de resoluciones".
"Se decía que no ha había cemento. Ahora con la nacionalización de este insumo estamos garantizando que haya suficiente para la cantidad de viviendas y otras obras de infraestructura que se necesitan", aseguró.
Los siguientes pasos jurídicos se darán en las canteras y areneras, donde "se establecerán reglas de juego bien claras para garantizar que tengamos los suficientes componentes básicos, a los precios convenientes en todo el país, para favorecer las políticas de vivienda, que nuestro pueblo necesita que avance con mucho éxito".
Igualmente, "vienen resoluciones en el sistema de adjudicación de viviendas, específicamente a las que se hacen con financiamiento del Estado". Se definirá, "cómo el pueblo va a acceder a ese bien, para que no haya una especie de lucha desesperada buscado atajos para lograr esas adjudicaciones".
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