La directiva de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem) indicó este lunes que las recientes acciones tomadas por el Ejecutivo contra los supermercados obedecen a un plan gubernamental que se ejecuta desde hace años con el objetivo de criminalizar y destruir el aparato productivo del país. Claro ejemplo de ello son las expropiaciones a empresas y la ley de arrendamientos.
Alfredo Padilla, director general de Atraem, explicó que el dueño de un negocio, al comprar la mercancía para venderla, debe añadirle al costo final de su producto una serie de variables. Entre ellas se incluye: traslado, pago de impuestos, mobiliario, sueldo de empleados, además de su ganancia legal según las leyes venezolanas que ronda el 30%.
“Cualquier comercio, sea de ropa o alimentos, es quebrado automáticamente cuando la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) obliga a los propietarios a vender su mercancía casi a precio de costo, olvidando la hiperinflación que vivimos e imposibilitando a este reponer su inventario”, dijo.
Padilla señaló que las acciones de la Sundde traen como consecuencia que el esfuerzo del pequeño comerciante de ropa o el dueño de una pequeña bodega se esfume solo en cuestión de horas, lo que trae como consecuencia un retroceso y graves dificultades en la sociedad.
El analista calificó de fascista el carnet de la patria, el cual se quiere utilizar en las próximas semanas como una forma de cancelar el bono de alimentación y las pensiones para obligar a los ciudadanos a tener este instrumento de coacción del partido para poder recibir un beneficio que les corresponde a los venezolanos por ley. “Ante este hecho inconstitucional, el país debe rebelarse de manera democrática y pacífica”, sentenció.
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