Para la banca de inversion Torino Capital, una reestructuración voluntaria de la deuda externa venezolana se hace muy difícil dentro del contexto de las sanciones financieras impuestas por el gobierno estadounidense.
“La Orden Ejecutiva 13808 del 24 de agosto prohíbe a los individuos estadounidenses participar en cualquier transacción que provea financiamiento al gobierno venezolano o Pdvsa, con la excepción de deuda de corto plazo, compromisos emitidos por Citgo o pasivos adquiridos para importaciones de carácter humanitario”, informó un comunicado de la firma, llegado a nuestra redacción.
“Esto hace que para los inversionistas institucionales domiciliados en Estados Unidos sea ilegal aceptar nuevosinstrumentos venezolanos, como los que se tendrían que emitir en el caso de una reestructuración”, señala la firma en un reporte especial escrito por el economista jefe Francisco Rodríguez.
Explicó el informe que, “existen formas en las que Venezuela podría refinanciar su deuda sin violar las normas estadounidenses. Por ejemplo, podría usar las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) de sus bonos soberanos para cambiar los términos de la obligación, ya que esta modificación no genera un compromiso nuevo, sino que altera los términos de los ya existentes”.
También podría emitir nuevos pasivos si los recursos obtenidos se destinan a importaciones de alimentos y medicinas.
Por último, podría tratar de emitir un bono dirigido exclusivamente a inversionistas fuera de los Estados Unidos.
“Creemos que, en la práctica, ninguna de estas alternativas será relevante”, señala la firma. El intento de usar solo las CAC en un refinanciamiento probablemente fracase si no se combina con cláusulas de consentimiento de salida, lo cual, en cualquier caso, sería bloqueado por las autoridades de Estados Unidos. La emisión de un bono humanitario requeriría mecanismos de monitoreo que garanticen que los fondos se destinen solo a cierto sector”.
Advierte Rodríguez que “es poco probable que los inversionistas no estadounidenses estén dispuestos a renunciar a sus pagos para permitirle al gobierno cubrir sus compromisos con los tenedores estadounidenses, mucho menos si lo que reciben es un bono nuevo que no pueda ser transado en el mercado norteamericano”.
“Por lo tanto, no hay claridad sobre si el gobierno venezolano podrá ejecutar una reestructuración exitosa de sus bonos. La pregunta clave es si las autoridades están dispuestas a seguir honrando sus pagos en caso de que no se alcance un acuerdo con los tenedores”, planteó la firma.
Finalmente, explicó que, “por los próximos días, recomendamos estar alerta ante cualquier posible señal de que el gobierno considera suspender los pagos, por ejemplo, dejando que los periodos de gracia de los cupones pendientes expiren”.
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